Linterna de Popa 489
Jorge Baca Campodónico
Abril de 2025
Los Gastos de Gestión del Gobierno del Perú
¿Por qué son tan altos?
Los gastos del gobierno se dividen entre (i) gastos operativos y (ii) gastos de gestión. Los gastos operativos incluyen todos aquellos costos relacionados directamente con la prestación de servicios y la ejecución de programas gubernamentales, como salarios de profesores, médicos o policías, inversión en infraestructura, suministros y mantenimiento. Los gastos de gestión incluyen actividades como planificación estratégica, consultorías, coordinación interinstitucional, gestión de recursos humanos, supervisión, auditoría y regulación. En una entrega anterior analizamos el caso aislado del Sector Educación y las razones por que sus gastos de gestión han ido en aumento con el transcurso de los años con relación a los gastos totales. En esta entrega, por razones de espacio nos limitamos a analizar el nivel de gastos de gestión que figuran en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2025.
En la columna titulada PIA de la Tabla 1 presentamos los gastos totales y en las siguientes columnas, los gastos de gestión y su porcentaje respecto al total presupuestado. Estas cifras se presentan en soles corrientes, desagregadas para cada una de las 25 funciones que se reportan en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Estas cifras no incluyen los importes vinculados al servicio de la deuda pública debido a que esa función no registra gastos en gestión que puedan analizarse.
Las cifras mostradas comprenden tanto los gastos del gobierno central como los gastos incurridos por los gobiernos locales (municipalidades) y los gobiernos regionales e incluyen los gastos corrientes y los gastos en proyectos de inversión. Las 25 funciones, con excepción de la función Planeamiento y Gestión, corresponden a las actividades realizadas por los gobiernos regionales y locales, así como las diferentes dependencias del gobierno central e incluyen sus propios gastos de gestión.
La función Planeamiento y Gestión global corresponde a los gastos incurridos por el gobierno en funciones de regulación (organismos supervisores como OSITRAN, OSINERG, etc.) o planeamiento como CEPLAN o superintendencias como SUNAT o la Contraloría. Por sus características estas actividades no se pueden asignar a una función en particular ni a un nivel de gobierno sea nacional, regional o gobierno local.
Los gastos incurridos por la función Planeamiento y Gestión son mayormente asignados a “gestión”, ya que sus funciones no prestan un servicio directo al ciudadano sino más bien sus actividades son orientadas a la planificación o gestión de todo el sector público. Sin embargo, llama la atención que más de 25,270 millones de soles se destinen a gastos de gestión sin que sean palpables sus resultados, especialmente cuando, por ejemplo, el mayor gasto de supervisión no se traduce en una reducción en la corrupción, la cual sigue creciendo.
En la Tabla 1 observamos que a nivel de gastos total incluidos en el PIA (exceptuando la Deuda Pública), los gastos en planeamiento y gestión equivalen a 21.77% del gasto total. Gasto equivalente a 48,893 millones de soles. Es decir, uno de cada 5 soles presupuestados se dedica a planeamiento y gestión.
Si bien el porcentaje del gasto en administración y planeamiento dentro del presupuesto total varía entre países debido a factores como el tamaño del gobierno, eficiencia administrativa y grado de descentralización, según el Banco Mundial, los países desarrollados como Suecia, Japón, Alemania, Canadá y otros sus gastos en gestión tienden a ubicarse ente el 5 al 12% de sus gastos totales debido a sus sistemas de gestión eficientes y sus procesos de digitalización de las funciones del gobierno.
En el caso de países en desarrollo como Nigeria, India, Kenia, los costos de gestión son más altos y se encuentran entre el 15 al 25% por ineficiencias, excesiva burocracia o falta de tecnología. Los gobiernos de países intermedios como México, Brasil y Colombia los gastos en gestión se encuentran entre el 10 al 15% y reflejan el estado de transición en que se encuentran los servicios públicos.
Comparaciones internacionales muestran que países con sistemas más burocráticos y centralizados tienden a gastar más en administración, mientras que aquellos con enfoques descentralizados priorizan la inversión en servicios y operación. A largo plazo, para optimizar los recursos y mejorar la prestación de servicios públicos es importante lograr una proporción razonable entre entre eficiencia administrativa y supervisión adecuada.
En el caso del Perú, el porcentaje de 21.77% revela el grado de atraso en que se encuentra la administración pública con relación a países de similar nivel de desarrollo como son los países de la región latinoamericana. Ese porcentaje también refleja la inflexibilidad laboral que conduce a que algunos empleados públicos mantengan sus puestos de trabajo a pesar que sus funciones puedan haber concluido, como es el caso de empleados de proyectos de inversión, cuando estos terminan. Además, la baja capacitación del personal obliga a contratar consultorías que suplan las deficiencias de su formación y capacitación. A nivel de funciones (nivel sectorial) el porcentaje del gasto que representan dentro del sus presupuestos varía considerablemente de sector a sector.
A nivel sectorial, llama la atención los gastos en gestión de la función legislativa (Congreso) en que el porcentaje de gastos en gestión y planeamiento representa el 66.67% de su gasto total. Estas cifras revelan que el Congreso gasta más en apoyo administrativo y gestión que en los gastos operativos de los congresistas. El número de trabajadores de apoyo en el Congreso excede ampliamente el número de congresistas. Las cifras para la función legislativa son excesivas y superan las cifras de otros países de la región.
Otra función que presenta gastos en gestión excesivos como porcentaje de sus gastos totales es la función Justicia. Esta función abarca los gastos administrativos incurridos por el poder judicial, el ministerio público y el ministerio de Justicia. En este caso los gastos de gestión representan el 21.90% de sus gastos totales. Esta cifra nos revela que grosso modo por cada 100 soles gastados para remunerar los trabajadores de un juzgado, una fiscalía o o una dependencia ministerial, el país gasta 21 soles en labores administrativas o consultorías. El gasto total en gestión en esta función en la función Justicia sobrepasa los 1,932 millones de soles, cantidad suficiente para construir 200 escuelas de alto rendimiento.
En la función orden público y seguridad ciudadana (policía), los gastos en gestión representan el 18.1% de los gastos totales de esta función, alcanzando los 2,964 millones de soles, con los que se podrían construir 150 cárceles de alta seguridad y mejorar todas las comisarías del país.
Otra función que destaca por su ineficiencia es el sector Salud. En esta función los gastos de gestión representan el 19.33% de sus gastos totales y exceden los porcentajes de otros países de la región. El 19.33% es equivalente a 5,926 millones de soles, cantidad suficiente para construir y equipar postas medicas en todos los distritos del país.
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías informáticas, es razonable esperar que los gastos en gestión como porcentaje del gasto total público tiendan a bajar. Las tecnologías como la automatización, la inteligencia artificial y los sistemas de gestión digital permiten optimizar procesos administrativos, reducir errores humanos y aumentar la eficiencia en la asignación de recursos. Por ejemplo, la digitalización de trámites gubernamentales puede disminuir la necesidad de personal dedicado a tareas repetitivas, lo que potencialmente reduce no solo los costos operativos sino los de gestión.
Sin embargo, hay matices importantes. La implementación inicial de estas tecnologías suele requerir inversiones significativas en infraestructura, capacitación y desarrollo de software, lo que podría aumentar los gastos en el corto plazo. Además, los costos de mantenimiento, ciberseguridad y actualización de sistemas también pueden contrarrestar parte de las ganancias en eficiencia. Otro factor por considerar es el contexto político y social: en algunos casos, la resistencia al cambio o la necesidad de mantener empleo público podrían limitar la adopción plena de estas herramientas.
En resumen, a largo plazo y en un escenario ideal, las nuevas tecnologías informáticas deberían reducir los gastos en gestión como porcentaje del gasto público al mejorar la productividad y reducir ineficiencias. También es importante exigir un mayor nivel de conocimientos y experiencia de los trabajadores del estado, para que sean los propios empleados públicos quienes realicen las labores que les correspondan, reduciendo al mínimo las consultorías. Finalmente, el impacto real dependerá de cómo se gestionen la transición, los costos asociados y las prioridades de cada administración pública. Nuestras autoridades tienen la palabra. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).