Linterna de Popa 541
Jorge F. Baca Campodónico
Abril 2026
Pobreza monetaria, desigualdad y Elección Presidencial
Cómo la política asistencialista ha moldeado las elecciones presidenciales
Destaque
La ENAHO muestra que la recuperación pospandémica ha favorecido a los estratos más pudientes, mientras los hogares pobres dependen en forma creciente de transferencias monetarias que mitigan la pobreza pero no permiten generar ahorro. Esta brecha alimenta un voto cautivo y fortalece propuestas asistencialistas en las elecciones presidenciales.
La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), elaborada anualmente por el INEI, constituye una de las herramientas más valiosas para comprender la estructura económica y social del país. No se trata simplemente de un conjunto de cifras, sino de un retrato minucioso de cómo viven los peruanos, cuánto ganan, cuánto gastan y cómo se distribuyen los recursos entre los distintos estratos de la población. Desde 2011, gracias a una metodología uniforme, la ENAHO permite comparar año a año el ingreso promedio mensual real —expresado en soles de 2024— de los hogares agrupados en deciles, desde el 10% más pobre hasta el 10% más rico. Esta continuidad metodológica es esencial para evitar distorsiones y para identificar tendencias reales, no simples fluctuaciones estadísticas. En un país donde la informalidad supera el 70%, donde millones de personas no cuentan con contratos laborales formales ni ingresos estables, la ENAHO se convierte en una herramienta indispensable para comprender la dinámica económica y social del Perú contemporáneo que no se refleja en las cifras agregadas del PBI.
La encuesta no solo mide ingresos, sino también gastos, lo que permite aproximarse a la capacidad real de consumo y ahorro de los hogares. En contextos de alta informalidad, el gasto suele ser un indicador más estable que el ingreso declarado, pues refleja de manera más fiel la disponibilidad de recursos. Por ello, la ENAHO se ha convertido en un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas, para la evaluación de programas sociales y, cada vez más, para el análisis del comportamiento electoral. En un país donde la economía y la política están íntimamente entrelazadas, comprender la evolución del ingreso y la pobreza es esencial para entender cómo votan los peruanos y por qué lo hacen.
Se mantiene la brecha entre el sector más pudiente y el más pobre
Las cifras de la ENAHO revelan una historia compleja, marcada por avances significativos, retrocesos dolorosos y una desigualdad persistente. Entre 2011 y 2016, el ingreso promedio de los hogares creció de manera sostenida, impulsado por un ciclo de expansión económica que permitió reducir la pobreza y mejorar el bienestar de millones de personas. Fue un periodo en el que el crecimiento del PBI, la inversión privada y la estabilidad macroeconómica se tradujeron en mejoras palpables para la población. La clase media emergente comenzó a consolidarse, el acceso a bienes y servicios se expandió y la movilidad social parecía, por primera vez en décadas, una posibilidad real para amplios sectores de la población.
Impacto de la pandemia
Sin embargo, el año 2020 marcó un quiebre abrupto. La pandemia provocó una caída histórica del ingreso promedio, afectando especialmente a los hogares más vulnerables, que dependen de actividades informales y carecen de redes de protección. El confinamiento paralizó la economía, destruyó empleos y redujo drásticamente la capacidad de consumo de millones de familias. La pobreza monetaria, que había venido disminuyendo durante casi dos décadas, volvió a niveles que no se veían desde hacía más de diez años. La crisis sanitaria se convirtió rápidamente en una crisis económica y social, cuyos efectos aún se sienten.
A partir de 2021 comenzó una recuperación lenta y desigual. En 2024, los niveles de pobreza aún se mantienen elevados y el ingreso promedio nacional apenas ha regresado a los niveles previos a la pandemia, pero la recuperación no ha sido homogénea. El decil X, que agrupa a los hogares de mayores ingresos, ha logrado recuperarse con mayor rapidez y profundidad que el decil I, el más pobre, a pesar de que este último recibe transferencias monetarias gubernamentales del programa Juntos. Esta divergencia revela que la recuperación económica ha beneficiado más a quienes ya tenían mejores condiciones para enfrentar la crisis. Los hogares de mayores ingresos pudieron adaptarse más rápidamente al teletrabajo, mantener sus actividades económicas o incluso aprovechar nuevas oportunidades surgidas durante la pandemia. En cambio, los hogares más pobres, dependientes de actividades presenciales e informales, enfrentaron mayores dificultades para recuperar sus ingresos.
Cuando se descuenta el monto de las transferencias monetarias, el panorama se vuelve aún más preocupante. El ingreso neto del decil I apenas supera en 2.6% su nivel de 2011, lo que significa que, en términos reales, los hogares más pobres prácticamente no han mejorado su capacidad de generar ingresos propios en más de una década. En contraste, el monto de las transferencias del programa Juntos ha crecido más de 91.8% desde 2011.
Esta diferencia muestra que el aumento del ingreso total del decil I se explica casi exclusivamente por las transferencias estatales, no por un incremento en la productividad o en las oportunidades económicas. El programa Juntos cumple un rol importante en mitigar la pobreza monetaria, pero no ha logrado generar las condiciones para que los hogares salgan de ella de manera sostenible. La brecha entre el decil X y el decil I se ha ampliado, especialmente cuando se excluyen las transferencias, lo que evidencia una creciente desigualdad en la capacidad real de generación de ingresos.
La población más pobre no tiene capacidad de ahorro
A esta evidencia se suma un indicador aún más revelador: el ahorro promedio por decil, obtenido como la diferencia entre los ingresos reales —incluyendo transferencias monetarias— y el gasto real reportado en la ENAHO. Los datos muestran que los deciles I y II no solo no tienen capacidad de ahorro, sino que presentan niveles de ahorro negativos durante prácticamente todo el periodo 2011–2024. En el decil I, por ejemplo, el ahorro real promedio mensual fue de –37.19 soles en 2011, –54.11 en 2015, –79.67 en 2020 y –12.96 en 2024.
El decil II muestra una trayectoria similar, con valores negativos en la mayoría de los años, salvo ligeras recuperaciones puntuales. Esta situación confirma que, incluso con las transferencias monetarias del Estado, los hogares más pobres no logran cubrir plenamente sus gastos básicos y deben recurrir a endeudamiento informal, reducción del consumo o estrategias de supervivencia que perpetúan su vulnerabilidad.
Esta incapacidad estructural de generar ahorro demuestra que los programas de transferencias monetarias, como Juntos, solo mitigan la pobreza, pero no permiten romper la trampa de la pobreza en la que se encuentran los deciles I y II. Sin ahorro no hay inversión en educación, salud, emprendimiento ni movilidad social. Sin ahorro, la pobreza se perpetúa.
Impacto de la Pobreza en las elecciones
Esta desigualdad se refleja también en la geografía del país. Las regiones con mayor incidencia de pobreza —Cajamarca, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco y otras— son aquellas donde el programa Juntos tiene mayor cobertura. En estas zonas, la dependencia de los programas de asistencia es mayor, y la percepción de que la política pública debe centrarse en la redistribución y el apoyo directo al consumo familiar es más fuerte.
No es casual que estas mismas regiones sean también los bastiones electorales de las candidaturas de izquierda. La evidencia estadística muestra una correlación clara entre los niveles de pobreza y el porcentaje de votos válidos obtenidos por la izquierda en la primera vuelta electoral. Se trata de un electorado que, por razones económicas y sociales, se ha convertido en un voto cautivo. La pobreza no solo condiciona la calidad de vida, sino también las preferencias políticas, especialmente cuando los programas sociales se convierten en la principal fuente de ingresos estables para millones de hogares.
Para comprender esta relación es necesario revisar la historia económica reciente del Perú. Entre los años 2000 y 2011, el país vivió un periodo de crecimiento acelerado que permitió reducir la pobreza de manera significativa. Fue una etapa en la que la inversión privada, la expansión del sector minero y la estabilidad macroeconómica generaron empleo, aumentaron los ingresos y mejoraron la infraestructura. Sin embargo, desde el gobierno de Humala, las políticas económicas priorizaron la redistribución sobre el crecimiento. Las restricciones a la inversión minera, la desconfianza hacia la inversión privada y el énfasis en programas de mitigación de la pobreza, como Juntos, redujeron la capacidad del país para sostener tasas altas de crecimiento. La pandemia agravó esta tendencia: menos inversión productiva, más gasto social, más déficit fiscal y un incremento sostenido de la deuda pública. El resultado ha sido una desaceleración marcada en la reducción de la pobreza y un estancamiento en la mejora del ingreso real de los hogares más vulnerables.
En este contexto, el uso político de los programas de transferencia monetaria se vuelve evidente. Cuanto mayor es el número de beneficiarios del programa Juntos, mayor es el rédito electoral para quienes promueven una visión asistencialista del Estado. Los gobiernos de orientación socialista de los últimos años han seguido una estrategia que sacrifica el crecimiento económico en favor de un gasto social que mitiga la pobreza, pero no la reduce de manera estructural. Esta dinámica contribuye a mantener un electorado dependiente, que asegura representación parlamentaria suficiente para bloquear reformas orientadas a romper la trampa de la pobreza y la trampa de los países de ingresos medios. La política pública se convierte así en un mecanismo de reproducción del poder, más que en una herramienta de desarrollo.
La segunda vuelta representa la oportunidad de cambio
Las elecciones de segunda vuelta representan, por ello, un punto de inflexión para el electorado peruano. El país enfrenta una decisión crucial: continuar con un modelo que privilegia el asistencialismo y mantiene a millones de personas en una situación de vulnerabilidad permanente, o apostar por un programa que promueva el crecimiento económico sostenido, la inversión productiva y la transformación de los programas sociales en instrumentos de aumento de productividad de los estratos más pobres de la sociedad y no en simples dádivas. La urgencia de este cambio es evidente ante el escenario internacional adverso y la precaria situación fiscal del país.
Romper la trampa de la pobreza requiere más que transferencias monetarias: exige una estrategia de desarrollo que permita a los más pobres generar sus propios ingresos y superar, de manera definitiva, la dependencia del Estado. El desafío es enorme, pero también ineludible. El futuro del país dependerá de la capacidad del electorado para reconocer que la verdadera inclusión social y el desarrollo del país no se logra con subsidios permanentes, sino con oportunidades reales de progreso y aumento de productividad. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).