Linterna de Popa 479
Jorge Baca Campodónico
Febrero de 2025
La importancia de priorizar la calidad sobre la cantidad de los empleados públicos
Limitar el número de empleados públicos es necesario pero no es suficiente
La proporción entre cantidad y calidad en la fuerza laboral pública es un tema crucial para los gobiernos de todo el mundo. Si bien una fuerza laboral pública abultada puede garantizar la prestación integral de servicios, también puede generar ineficiencias, tensiones fiscales y comprometer la sustentabilidad fiscal. Por lo tanto, es esencial consolidar el número de empleados públicos y priorizar la incorporación de profesionales capacitados y de alta calidad. En esta entrega analizamos la importancia de este enfoque, destacando su impacto sobre el déficit fiscal, el aumento de la corrupción y la necesidad de flexibilizar la estabilidad laboral del empleado público para lograr un estado eficiente.
Una fuerza laboral pública de mejor calidad puede prestar servicios de manera más efectiva. Los empleados públicos de alta calidad tienden a ser más hábiles, motivados y capaces de innovar dentro de sus funciones. Esta eficiencia puede conducir a mejores resultados en áreas como la atención médica, la educación, la seguridad pública y la administración de justicia. Al centrarse en la calidad, los gobiernos pueden garantizar que los servicios públicos se presten de manera oportuna y eficiente, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y la confianza en las instituciones públicas.
Uno de los impactos más significativos de una gran fuerza laboral pública es en el déficit fiscal. Los salarios, beneficios y pensiones de los empleados públicos constituyen una parte sustancial del gasto público y son rígidos a la baja debido a la legislación vigente sobre la estabilidad laboral del empleado público. Al consolidar el número de empleados públicos, los gobiernos pueden reducir sus gastos corrientes y administrar mejor sus presupuestos. Estas medidas pueden ayudar a evitar déficits fiscales insostenibles, que pueden conducir a impuestos más altos, servicios públicos reducidos y de menor calidad o mayor endeudamiento. Dar prioridad a la calidad sobre la cantidad garantiza que los fondos públicos se utilicen de manera más eficaz, maximizando el retorno de la inversión en recursos humanos.
La relación entre los empleados públicos y los empleados formales del sector privado es un indicador importante del impacto económico de la fuerza laboral del sector público. Una proporción alta sugiere que una parte significativa de la economía se dedica a mantener al sector público, lo que puede desplazar la inversión y limitar el crecimiento del sector privado. Al limitar el número de empleados públicos, los gobiernos pueden fomentar el desarrollo del sector privado, lo que conduce a un mayor crecimiento económico y a la creación de empleo. Además, los empleados públicos calificados pueden trabajar de manera más eficiente con el sector privado, eliminando las fallas de coordinación y fomentando una economía más colaborativa y dinámica.
Una abultada fuerza laboral pública puede conducir a una burocracia inflada, con responsabilidades superpuestas e ineficiencias. Esta situación puede crear barreras para una gobernanza efectiva, demorar o paralizar los procesos de toma de decisiones y aumentar la probabilidad de corrupción. Al centrarse en la calidad y limitar el número de empleados públicos tanto a nivel de gobierno central como de gobiernos regionales y locales, los gobiernos pueden racionalizar sus operaciones, reducir la burocracia y mejorar la su eficiencia. Es más probable que los empleados públicos calificados perciban y comprendan la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia y el comportamiento ético, lo que contribuye a un sector público más eficaz y confiable.
Los empleados públicos de alta calidad están mejor equipados para implementar y evaluar las políticas públicas. Sus conocimientos y experiencia les permiten comprender problemas complejos, diseñar intervenciones eficaces y evaluar el impacto de las políticas en diferentes segmentos de la población sin tener que recurrir a costosas consultorías. Al priorizar la calidad sobre la cantidad, los gobiernos pueden garantizar que las políticas públicas tengan más probabilidades de lograr los resultados previstos, lo que se traduce en mejores condiciones sociales y económicas para los ciudadanos.
El déficit fiscal es una medida crítica de la salud financiera de un gobierno. Una gran fuerza laboral pública puede contribuir a los déficits fiscales a través de aumentos salariales y pasivos de pensiones. Estos déficits pueden conducir a un aumento del endeudamiento, mayores pagos de intereses y una reducción del espacio fiscal para otros gastos esenciales, como la infraestructura y los programas sociales. Al limitar el número de empleados públicos, los gobiernos pueden reducir estas presiones y mantener una posición fiscal más sostenible. Este enfoque también puede mejorar la credibilidad de un gobierno ante los inversionistas internacionales y las instituciones financieras, lo que conduce a menores costos de endeudamiento y mayor estabilidad económica.
En las ultimas semanas diferentes analistas han destacado el crecimiento de la planilla del Estado (62.9% entre 2017 y 2024) y el aumento del número de empleados públicos de un millón 209 mil empleados en 2013 a un millón 531 mil en 2022, es decir mas de 26.6% en 10 años y que ya supera el 8.6% de la PEA ocupada. Sin embargo estos indicadores no revelan la magnitud del problema.
Un indicador más relevante es medir el número de empleados públicos como porcentaje del empleo formal a nivel de cada región del país, es decir excluyendo el empleo informal que está fuera de la esfera gubernamental. Consideramos que este indicador revela con mayor exactitud el grado de ineficiencia de la burocracia estatal.
En la Tabla 1 presentamos la población económica activa por región (PEA), la cantidad de empleados públicos, la cantidad de empleados informales y la cantidad de empleados formales (obtenidos como la diferencia entre la PEA y la cantidad de informales para cada región. Los datos han sido obtenidos del INEI (Sistema de Información Regional para la toma de decisiones, SIRTOD).
Observamos que a nivel nacional en 2021 (último año disponible para datos regionales) el 30.5% de los empleados formales pertenecía al sector público. Esto se traduce en que a nivel nacional uno de cada tres trabajadores del sector formal trabajaba en el sector público. Esta situación varía en cada región, con algunas como Apurímac, Huancavelica, Cusco, Loreto y San Martin superando el 50%, es decir en estas regiones uno de cada dos trabajadores labora para el estado.

Este grado de dependencia está correlacionado con el nivel de informalidad del sector agropecuario que existe sobre todo en lar regiones andinas y la región Loreto. Si a esta situación le agregamos el hecho de que el nivel de funcionarios públicos es de baja calidad, no es de extrañar la ineficiencia en la prestación de servicios públicos a nivel nacional especialmente en las regiones señaladas. Si bien las cifras presentadas son para el 2021, es muy probable que estos indicadores hayan empeorado en los últimos años.
Salir de esta situación debe ser tarea prioritaria del gobierno. Comenzando por modificar las leyes que impiden la flexibilización laboral del sector público para posibilitar la incorporación de servidores públicos calificados. Nuestras autoridades tienen la palabra. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).