Linterna de Popa 546
Jorge F. Baca Campodónico
Junio 2026
Plan de Acción para el gobierno entrante
Las reformas necesarias para acabar con la polarización del electorado
Destaque
El próximo gobierno enfrenta el desafío de convertir la crisis de pobreza y polarización en una oportunidad histórica: impulsar productividad, integración social y reformas institucionales profundas que permitan construir un país menos fragmentado, más inclusivo y capaz de romper con la trampa de la pobreza.
Los resultados de las elecciones presidenciales han dejado al descubierto una polarización profunda que atraviesa al país de norte a sur. El mapa electoral refleja con crudeza la geografía de la desigualdad: las regiones con mayores índices de pobreza —sobre todo en la sierra y la selva— votaron mayoritariamente por la izquierda radical, mientras que las zonas urbanas con menor pobreza y mayor acceso a servicios se inclinaron por opciones de centro derecha. Esta fractura no es solo política; es social, económica y cultural. Y obliga al próximo gobierno a actuar con una audacia que el Perú no ha visto en décadas. No bastará con crecer por encima del 3% anual. Para desactivar la polarización y evitar que millones de ciudadanos sigan siendo presa fácil del discurso demagógico de la izquierda, se necesita un plan de acción capaz de sacar de la trampa de la pobreza a ese segmento de peruanos que hoy vive excluido del progreso nacional.
El Perú carga hoy con una verdad incómoda: casi treinta por ciento de su población vive atrapada en la pobreza, y esa pobreza no está distribuida al azar. Se concentra en la sierra y selva, en comunidades quechua y aymara históricamente relegadas, y en los cinturones urbanos que rodean Lima, Arequipa, Trujillo, Piura, o Chiclayo. Allí, donde el Estado llega tarde o no llega, la vida cotidiana transcurre entre la informalidad, la baja productividad y la ausencia de oportunidades reales de progreso.
Durante dos décadas, la respuesta predominante ha sido la misma: transferencias monetarias. Programas que alivian, pero no transforman. Que mitigan el hambre, pero no crean riqueza. Que aumentan el consumo, pero no la producción. Y que, en el fondo, mantienen a millones de peruanos en un estado de dependencia que no rompe la trampa de la pobreza. La evidencia es clara: la pobreza estructural no se derrota con bonos, sino con productividad y crecimiento económico.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿qué tipo de acción puede elevar la productividad de ese 30% de peruanos que hoy produce muy poco porque nunca recibió el capital, la tecnología ni el acompañamiento necesarios para producir más?
En 1933 en plena Gran Depresión, John M. Keynes, el famoso economista, le escribió a Franklin D. Roosevelt una de las cartas más célebres de la historia económica moderna. En ella, Keynes le advirtió que, aunque las reformas estructurales de largo plazo eran necesarias, el país no podía esperar a que esas reformas maduraran para empezar a recuperarse. Había que actuar de inmediato.
La idea central de la carta puede resumirse así: mientras se diseñan y aprueban las grandes reformas, el gobierno debe impulsar inmediatamente un programa que reactive la economía y genere empleo. Keynes temía que, sin resultados visibles en el corto plazo, el apoyo político a Roosevelt se erosionara y la crisis se profundizara. La reacción de Roosevelt a la carta de Keynes fue la implementación del “New Deal” que salvó a los EUA de caer en las garras del comunismo.
En la situación actual del Perú, la respuesta pasa por un “big push”, un impulso masivo, inmediato y coordinado que combine inversión en capital físico, asistencia técnica y movilización social. Un esfuerzo de escala nacional que transforme la estructura productiva de la sierra, la selva y los barrios periféricos de las grandes ciudades. Y que lo haga rápido, antes de que las tensiones sociales, la polarización política o la frustración acumulada neutralicen cualquier intento de reforma.
Ese big push debe comenzar por lo esencial: transferencia masiva de capital productivo. Tractores, canales de riego, siembra y cosecha de agua, reservorios, fertilizantes, semillas mejoradas, maquinaria para postcosecha, créditos, caminos vecinales, centros de acopio. Pero también algo igual de importante: promotores y extensionistas que trabajen codo a codo con los beneficiarios, enseñando, acompañando, corrigiendo, impulsando. La productividad no aumenta solo con fierros; aumenta con conocimiento, organización y confianza.
Sin embargo, un programa de esta magnitud requiere financiamiento. Y aquí aparece una oportunidad que el Perú ha ignorado durante décadas: su potencial forestal y la revalorización de los asentamientos humanos. La reforestación masiva de la sierra y la selva no solo captura carbono y protege cuencas; genera madera, resinas, frutos, servicios ambientales y empleo. Es una fuente de riqueza sostenible. Del mismo modo, la recuperación integral de los asentamientos humanos —calles, muros de contención, agua, desagüe, vivienda digna— incrementa el valor del suelo urbano y crea activos que pueden servir como garantía para financiar el propio proceso de transformación.
Pero nada de esto funcionará si el país sigue fragmentado. La pobreza en el Perú no es solo económica; es también cultural, lingüística y emocional. Los bolsones quechua y aymara hablantes y las comunidades nativas de la selva han sido históricamente excluidos del proyecto nacional. Integrarlos no es un gesto simbólico: es una condición para construir una nación funcional. Y esa integración no se logra desde un escritorio en Lima; se logra movilizando a la población, especialmente a los jóvenes, para trabajar juntos —ricos y pobres, urbanos y rurales— en un proyecto común que priorice la reciprocidad y el aumento de la productividad.
Aquí surge una idea poderosa, inspirada en la experiencia de Franklin D. Roosevelt durante la Gran Depresión: los Civilian Conservation Corps (CCC). El CCC fue un programa federal de empleo y conservación creado en 1933 y vigente hasta 1942. En sus nueve años de operación movilizó aproximadamente a tres millones de jóvenes desempleados, organizados en miles de campamentos administrados por las fuerzas armadas y distribuidos por todo el territorio estadounidense; en promedio operaron alrededor de 1,600 campamentos por año y, a lo largo del programa, se establecieron más de 4,000 campamentos. Los participantes se enrolaban usualmente por períodos de seis meses, renovables hasta un máximo aproximado de dos años, y recibían alojamiento, alimentación, vestimenta, formación básica y una remuneración mensual de 30 dólares de la época equivalentes a 760 dólares actuales, de los cuales 25 eran enviados obligatoriamente a sus familias. Sus principales obras incluyeron la plantación de miles de millones de árboles, la construcción de caminos rurales, puentes, senderos, torres contra incendios, parques estatales, campamentos públicos, obras de control de erosión, protección de cuencas, reforestación y restauración de infraestructura en parques nacionales y estatales. El CCC combinó alivio inmediato al desempleo, disciplina organizativa, inclusión social, capacitación laboral y una transformación visible del territorio, convirtiéndose en uno de los programas más emblemáticos del New Deal.
En el Perú, podría tomar la forma de un Servicio Civil de Conservación, una institución que organice campamentos en todo el territorio, con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y coordinación con gobiernos locales. Campamentos donde jóvenes de todas las condiciones sociales trabajen en reforestación, siembra y cosecha de agua, construcción de canales, reservorios, irrigaciones, caminos, y también en la renovación de viviendas y espacios públicos en los asentamientos humanos.
Estos campamentos ofrecerían remuneración mínima vital, alimentación, vestimenta y educación, además de formación técnica. Serían espacios de integración social, disciplina, aprendizaje y servicio. Y, sobre todo, serían el motor humano del big push productivo que el país necesita.
El financiamiento provendría de un Fondo Nacional de Reforestación y Renovación Urbana, encargado de otorgar créditos a proyectos de reforestación, obras de infraestructura agrícola y remodelación de viviendas. Los activos generados —bosques, suelos valorizados, viviendas mejoradas— servirían como respaldo del propio fondo, creando un círculo virtuoso de inversión, productividad y crecimiento.
El Perú ha intentado muchas cosas, pero nunca ha intentado algo así: un proyecto nacional que combine productividad, integración social y creación de riqueza real. Un proyecto que reconozca que la pobreza no se combate con discursos ni con bonos, sino con capital, trabajo y organización. Un proyecto que entienda que la nación solo existe cuando sus ciudadanos se reconocen entre sí como iguales y trabajan juntos por un futuro compartido.
El país está en un punto de quiebre. O se atreve a dar este salto, o seguirá atrapado en la misma trampa que lo ha frenado por generaciones. La historia demuestra que los grandes cambios no ocurren solos; se construyen. Y este es el momento de construir uno.
A este programa de acción inmediata debe sumarse una agenda de reformas estructurales sin la cual el esfuerzo inicial perdería sostenibilidad. El big push productivo puede abrir una ventana de oportunidad, pero para convertirla en una transformación permanente se requieren cambios institucionales profundos en cuatro frentes esenciales.
Reforma Tributaria Integral
Primero, una reforma tributaria integral. Esta reforma debe incluir la revisión de los sistemas de contribuciones a pensiones y salud, de modo que dejen de encarecer excesivamente la formalización laboral y se conviertan en instrumentos de protección social efectivos. Para ello debe eliminarse el pago de contribuciones a pensiones y salud y remplazarlas por un impuesto similar al IGV pero cuya recaudación se reparta igualitariamente entre todos los trabajadores formales en cuentas individuales administradas por la ONP a fin de garantizar una pensión universal equivalente a un sueldo mínimo. Existiría un segundo pilar no obligatorio similar al 401K de los EUA para los empleados que deseen recibir una mayor pensión al momento de su jubilación.
La reforma tributaria debe comprender también una reforma del impuesto a la renta de las empresas que promueva la reinversión de las utilidades, la generación de empleo, la productividad y la formalidad modificando las tasas a las ganancias y al reparto de utilidades. Asimismo, se requiere una reforma del impuesto a la renta de las personas que incorpore un sistema de impuesto a la renta negativo, acompañado de un impuesto mínimo que asegure progresividad y responsabilidad fiscal.
Por otro lado, debe suprimirse los regímenes simplificados y eliminarse gradualmente el régimen de exoneraciones del IGV que distorsiona la asignación de recursos y reduce la base tributaria, especialmente la exoneración a la educación; reestructurarse el canon para que sus beneficios se distribuyan con mayor eficiencia, equidad y capacidad de ejecución, mediante la creación de un Fondo Soberano de Riqueza; aprobarse una ley de coparticipación que ordene la relación fiscal entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios; y reformarse profundamente la SUNAT, dotándola de un directorio independiente y técnico, similar al del BCRP, que fortalezca su autonomía, profesionalismo y credibilidad institucional.
Reforma del Sector Público
Segundo, una profunda reforma del sector público. El Estado peruano debe dejar de ser una suma de instituciones fragmentadas, lentas y capturadas por intereses políticos, para transformarse en una estructura moderna, eficiente y orientada a resultados. Ello exige rediseñar procesos, eliminar duplicidades, profesionalizar la gestión pública y establecer un sistema de ingreso, permanencia y promoción basado estrictamente en concursos meritocráticos, al estilo del Banco Central de Reserva del Perú. Solo un servicio público profesional, estable y técnicamente competente podrá disminuir la corrupción y ejecutar con eficacia una agenda nacional de desarrollo.
Reforma del Poder Judicial
Tercero, una reestructuración profunda del Poder Judicial. La justicia debe dejar de depender de la discrecionalidad excesiva de jueces que fomenta la corrupción y pasar a un sistema que incorpore mayores contrapesos, transparencia y participación ciudadana. Para ello debe evaluarse la implantación de un sistema de jurados en los procesos que corresponda, reduciendo espacios de arbitrariedad y acercando la justicia a la sociedad. La implantación de un sistema de jurados como en los EUA permitiría triplicar la productividad del Poder Judicial dado que las salas judiciales solo requerirían un juez en lugar de los tres que tienen en la actualidad. Al mismo tiempo, el acceso a la carrera judicial debe restringirse a quienes ingresen mediante concurso público riguroso y hayan pasado previamente por una escuela de magistratura exigente, orientada a formar jueces con solvencia técnica, independencia y sentido de responsabilidad institucional.
Reforma del Sistema Financiero
Cuarto, una reforma del sistema financiero. El Perú necesita un sistema financiero más profundo, competitivo e inclusivo, capaz de canalizar el ahorro nacional hacia la inversión productiva y de reducir la brecha que hoy separa al pequeño ahorrista, al trabajador independiente, al agricultor, al emprendedor y a la pequeña y mediana empresa del crédito formal. La prioridad debe ser ampliar la inclusión financiera, pero no solo mediante la apertura de cuentas, sino mediante el acceso efectivo a instrumentos de ahorro, crédito, seguros, medios de pago y financiamiento de largo plazo.
Para lograrlo, la reforma debe aprovechar plenamente los avances tecnológicos: banca digital, billeteras electrónicas interoperables, identidad digital, historial crediticio basado en información alternativa, plataformas de pago de bajo costo (Fintech) y mecanismos de financiamiento no bancario regulados con prudencia. La tecnología debe servir para reducir costos de transacción, aumentar la competencia, eliminar barreras de entrada y permitir que nuevos actores financieros disputen el mercado a las entidades tradicionales, siempre bajo reglas claras de solvencia, transparencia y protección al usuario.
Un sistema financiero moderno debe ofrecer mejores tasas al pequeño ahorrista, de modo que el ahorro personal deje de ser castigado por márgenes excesivos y se convierta en una fuente real de acumulación patrimonial. Al mismo tiempo, debe permitir menores tasas de financiamiento para quienes producen, especialmente la pequeña y mediana empresa, que hoy enfrenta costos crediticios incompatibles con la inversión, la formalización y el aumento de productividad. La reducción de los márgenes financieros debe ser un objetivo explícito de política pública, alcanzado no por controles administrativos de precios, sino por más competencia, más información, menor riesgo y mejores garantías.
Esta reforma también debe fortalecer los sistemas de garantías mobiliarias, factoring, leasing, microseguros, fondos de garantía y titulización de carteras productivas, de manera que los activos de agricultores, emprendedores y pequeñas empresas puedan convertirse en respaldo efectivo para acceder al crédito. Asimismo, debe impulsarse un mercado de capitales más amplio y descentralizado, que permita financiar proyectos de infraestructura, reforestación, renovación urbana, vivienda productiva y modernización agrícola, conectando el ahorro de largo plazo con las necesidades reales de inversión del país.
Sin una reforma financiera de esta naturaleza, el big push productivo dependería excesivamente del gasto público y no lograría multiplicarse mediante la iniciativa privada. Con un sistema financiero inclusivo, competitivo y tecnológicamente avanzado, en cambio, cada sol de inversión pública podría apalancar ahorro privado, crédito productivo y emprendimiento local, creando un círculo virtuoso entre formalización, productividad, acumulación de capital y reducción sostenible de la pobreza.
Estas cuatro reformas no sustituyen al programa de acción inmediata; lo hacen viable y sostenible en el tiempo. Sin una base tributaria sólida, un Estado meritocrático, una justicia confiable, y un sistema financiero inclusivo, cualquier impulso productivo corre el riesgo de diluirse. Con ellas, en cambio, el Perú podría convertir una respuesta urgente a la pobreza y la polarización en el inicio de una verdadera refundación institucional. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).