Linterna de Popa 493
Jorge Baca Campodónico
Mayo de 2025
El impacto de las actividades ilícitas en la economía peruana
¿Cuán significativo es el poder económico de las actividades ilícitas en el Perú?
El reciente asesinato de 13 trabajadores de Minera Poderosa en Pataz ha puesto en evidencia la escalada de violencia vinculada a la minería ilegal en Perú. Los trabajadores fueron en un socavón, con signos de ejecución, lo que ha generado conmoción y ha llevado al gobierno a declarar toque de queda y desplegar fuerzas militares en la zona. Este trágico evento es solo una muestra del impacto que las actividades ilícitas tienen en la economía y la estabilidad social del país.
Las principales actividades ilícitas que se desarrollan en el Perú son: (i) minería ilegal, (ii) narcotráfico, (iii) contrabando, (iv) tala ilegal, (v) trata de personas, y (vi) extorsión y sicariato. Además del daño económico y social, el enorme poder financiero que generan estas actividades ilícitas influye de manera significativa en el escenario político peruano.
En la Tabla 1 se presentan proyecciones del valor de las actividades ilícitas en el Perú para 2025. Nuestras fuentes de información han sido: a) la OEA para estimar la magnitud de la minería ilegal; b) la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la estimación del narcotráfico y el contrabando; c) Forest Trends (Timber Legality Dashboard) para la tala ilegal; d) la Defensoría del Pueblo para la trata de personas y e) noticias locales sobre el valor de las actividades de extorsión y sicariato. Las proyecciones se han obtenido utilizando el PBI, el precio actual del oro, y las tendencias observadas en los últimos años.
Las cifras mostradas en la Tabla 1 nos indican que, para este año, la magnitud de las actividades ilícitas en el Perú bordearía los 36,500 millones de dólares americanos. Esta cifra sería equivalente a 12.6% del PBI. Destaca el valor de la minería ilegal con una magnitud equivalente al 7.15% como resultado del crecimiento exponencial del precio del oro en 2015.
La minería ilegal ha generado ingresos significativos para redes criminales, promoviendo la deforestación, la contaminación de fuentes de agua, la trata de personas y la violencia en comunidades locales. El incremento del precio internacional del oro viene generando un incremento exponencial de la minería ilegal, en regiones con poca presencia gubernamental.
La información sobre el alcance de la producción ilegal de oro en Perú se puede obtener de las discrepancias en la producción de oro estimada por el INEI y las exportaciones de oro estimadas por el BCRP. Los datos oficiales de producción y exportación de oro registrados por estas instituciones revelan una brecha significativa y consistente, con exportaciones que superan la producción formal de ese metal. (ver Gráfico 1).
Las exportaciones no contabilizadas de oro en los últimos años han alcanzado niveles significativos. En 2012, el Perú produjo oficialmente aproximadamente 160 toneladas de oro, sin embargo, durante el mismo periodo, el país exportó 200 toneladas, evidenciando que la exportación de oro superó 40 toneladas la producción formal de ese año. Se estima que en 2025 se producirán 120 toneladas pero se exportarán 230, es decir 110 toneladas más que las producidas en el año.
El incremento del precio del oro registrado en los últimos años ha inflado exponencialmente el valor de la exportación de oro sin registro. En el Gráfico 2 se muestra la evolución, desde el 2012, del valor, en millones de dólares, de la exportación de oro que excede la producción en eses años. Observamos que para el 2025 se proyecta que ese valor supere los 12,000 millones de dólares.
Las disparidades en los datos de exportación y producción también indican una actividad de lavado de dinero en las exportaciones de oro del Perú. Adicionalmente, existe evidencia del contrabando de oro sacado de Perú hacia los países vecinos, por lo que la producción ilegal de oro podría ser significativamente mayor de lo que pueden indicar las discrepancias entre la exportación y la producción.
Los flujos ilegales de oro también han desarrollado rutas especializadas en el Perú. Una divergencia clave en estas cadenas de suministro ilícitas lleva al oro ilegal a través del contrabando o de los mercados legales de oro y los sistemas financieros formales del Perú y el extranjero. También existen indicios de que el comercio ilegal de oro en Perú es utilizado por organizaciones de narcotraficantes, incluidas organizaciones fuera del país, para lavar los ingresos de las drogas ilícitas, a través de prácticas como el lavado de dinero basado en el comercio.
De hecho, se cree que las rutas de contrabando de oro se desplazan principalmente a través de zonas fronterizas con controles débiles o inexistentes, mientras que ocasionalmente también pasan por cruces vigilados con la ayuda de funcionarios corruptos. Existen rutas de contrabando activas entre Perú y cada uno de sus países vecinos, incluidos Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y cada vez más Chile, lo que facilita el movimiento de oro de contrabando y suministros utilizados para la minería ilegal.
Al igual que en otros países, los mineros ilegales y las redes criminales han subvertido los registros mineros peruanos diseñados para promover la formalización de los mineros artesanales y de pequeña escala, con el fin de “lavar” el oro ilegal. Las autoridades peruanas han confirmado el uso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por parte de organizaciones criminales para disfrazar la procedencia del oro ilegal. Las protecciones legales otorgadas a los mineros que participan en el proceso de formalización generan una vulnerabilidad clave que es explotada por los mineros ilegales.
La materia prima de la cocaína y el narcotráfico generan más de 1.700 millones de dólares anuales en las actividades del mercado doméstico. A ello hay que añadir las exportación de cocaína a los mercados internacionales, estimadas en 9,500 millones de dólares por año.
Los productores de oro ilegal y los cárteles de la droga utilizan su riqueza para influir en las elecciones, a menudo financiando a candidatos que protegerán sus operaciones. El dinero del oro y la droga se ha utilizado para financiar campañas presidenciales, gobernaciones y elecciones de gobiernos locales. En algunos casos, los mineros ilegales y los narcotraficantes se han infiltrado directamente en los partidos políticos, asegurándose de que sus intereses estén representados en el gobierno.
El contrabando, en particular de productos electrónicos, combustible y productos falsificados, socava las empresas legítimas y los ingresos fiscales. Las redes de contrabando se han vinculado al financiamiento político, y los candidatos reciben fondos a cambio de políticas que reducen la aplicación de la ley contra el comercio ilícito.
La tala ilegal contribuye a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad, y se estima que entre el 40 y el 60% de toda la tala en Perú es ilegal. Las mafias madereras a menudo sobornan a funcionarios y financian a candidatos que les permiten continuar sus operaciones sin control. La corrupción dentro de los gobiernos locales permite el lavado de madera talada ilegalmente, lo que afianza aún más la influencia criminal en la política.
Se estima que la trata de personas en Perú mueve alrededor de 1,300 millones de dólares al año. De este monto, aproximadamente 700 millones provienen de la explotación sexual y 600 millones de la explotación laboral. No hay un cálculo exacto del valor económico de la extorsión y el sicariato en Perú, pero se sabe que estas actividades han crecido significativamente en los últimos años. Bandas criminales como El Tren de Aragua y Los Pulpos del Norte han expandido sus operaciones en diversas regiones, afectando sectores como el comercio y la construcción.
Las actividades ilegales en Perú tienen un profundo impacto en el control político, influyendo en las elecciones, los escaños en el Congreso y las políticas gubernamentales. Las organizaciones criminales y las élites económicas involucradas en industrias ilícitas utilizan su poder financiero para respaldar a candidatos que protegerán sus intereses, debilitando la gobernabilidad y las instituciones democráticas. Abordar este problema requiere una aplicación más estricta de la ley, transparencia en el financiamiento de las campañas y cooperación internacional para combatir la corrupción. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).