Linterna de Popa 561
Jorge F. Baca Campodónico
Septiembre 2026
Sierra Verde: la apuesta del gobierno para vencer la pobreza rural
Programa de Reforestación: la primera iniciativa estratégica del gobierno
Destaque
Sierra Verde puede trascender la reforestación y convertirse en una política de Estado que articule empleo rural, seguridad hídrica, recuperación ambiental e inversión productiva, siempre que el Estado amplíe su escala y sostenga su ejecución durante la próxima década.
El 23 de septiembre de 2026, durante un evento organizado por Rainforest Alliance en Nueva York, la presidenta Keiko Fujimori anunció el relanzamiento de Sierra Verde: una inversión de 300 millones de dólares para reforestar 50 mil hectáreas de los Andes y la selva peruana en los próximos cinco años. Más que una medida ambiental, el anuncio marca un punto de inflexión en la agenda del nuevo gobierno: es la primera política estructural de su plan, más allá de las respuestas de urgencia frente al fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.
Sierra Verde es la primera política pública del nuevo gobierno que articula productividad rural, recuperación ambiental, infraestructura hídrica, generación masiva de empleo, inclusión territorial y atracción de inversión privada y multilateral. Por ello, puede contribuir directamente a romper la trampa de la pobreza que afecta al 30% de los peruanos, especialmente en la sierra y la selva, aunque los analistas económicos todavía no le otorgan la importancia que merece.
El relanzamiento contempla 50 mil hectáreas de reforestación en cinco años: un avance todavía tímido frente al potencial forestal del país y la magnitud del desafío. Sierra Verde no puede limitarse a un programa de reforestación; debe convertirse en la columna vertebral de una estrategia nacional de desarrollo productivo capaz de transformar la estructura económica de las zonas más pobres del Perú.
Sierra Verde: un programa que cambió vidas y que el Perú dejó caer
Cuando la presidenta Keiko Fujimori afirmó en Nueva York que “Sierra Verde fue iniciado hace 28 años por mi padre”, no se trató de una referencia anecdótica ni de un gesto de nostalgia política. Fue un recordatorio de que el Perú ya tuvo, en los años noventa, un programa de reforestación y manejo hídrico que demostró resultados concretos en las zonas más pobres del país.
El Sierra Verde original surgió en un contexto en el que los Andes enfrentaban degradación acelerada de suelos, pérdida de cobertura vegetal y escasez de agua para agricultura y consumo humano. La respuesta del gobierno de Alberto Fujimori fue un programa que combinaba reforestación masiva con especies nativas y comerciales, construcción de reservorios y canales de irrigación, y siembra y cosecha de agua mediante zanjas de infiltración y amunas. El objetivo era recuperar tierras, aumentar la disponibilidad de agua y generar empleo inmediato para las comunidades rurales. El programa se ejecutó con participación directa de las comunidades campesinas, que aportaban mano de obra y recibían ingresos, capacitación y mejoras en su infraestructura hídrica.
El éxito del programa se explica por la participación directa de las comunidades, el enfoque territorial y los costos bajos con alto impacto. Sierra Verde no era un programa sectorial del Ministerio de Agricultura, sino una intervención integral sobre agua, suelo, empleo y productividad. Las zanjas de infiltración y la reforestación con especies nativas son intervenciones de bajo costo y alto retorno hídrico. En zonas altoandinas, una zanja bien construida puede infiltrar miles de metros cúbicos de agua por temporada.
Tras el fin del gobierno de Alberto Fujimori, Sierra Verde fue abandonado. Ninguna administración posterior retomó el programa con la escala necesaria. El abandono tuvo consecuencias: la degradación de suelos continuó sin freno, la deforestación en la sierra y la selva se aceleró, la infraestructura hídrica natural quedó en manos de esfuerzos aislados y la productividad agrícola rural se estancó. El Perú perdió dos décadas en las que pudo haber construido una base forestal y de manejo hídrico comparable a la de Chile.
Si el programa hubiera continuado, hoy el Perú podría tener millones de hectáreas reforestadas en los Andes, miles de reservorios y zanjas de infiltración funcionando, una industria forestal integrada, exportaciones forestales significativas, menor pobreza rural y mayor productividad agrícola. El relanzamiento anunciado por Keiko Fujimori no solo recupera un programa exitoso: recupera una oportunidad histórica desperdiciada.
Sierra Verde y la Amazonía: una política ambiental con impacto productivo
El anuncio realizado por la presidenta en Nueva York no solo recupera un programa andino de reforestación y manejo hídrico. Lo transforma, lo expande y lo proyecta hacia la Amazonía, el territorio donde el Perú enfrenta hoy su mayor crisis ambiental y donde la minería ilegal ha devastado miles de hectáreas de bosque, contaminado ríos y destruido ecosistemas completos. Sierra Verde permitirá convertir la reforestación y la restauración ecológica en un motor de desarrollo productivo capaz de atraer financiamiento internacional y generar empleo masivo en las zonas más pobres del país.
Durante las últimas dos décadas, la Amazonía peruana ha sufrido una degradación sin precedentes. Miles de hectáreas de selva han sido devastadas por actividades extractivas informales, altamente contaminantes y sin encadenamientos productivos sostenibles. La minería ilegal no solo destruye bosques, sino que contamina ríos con mercurio, elimina la cobertura vegetal, deja suelos estériles, desplaza fauna y flora y genera enclaves de criminalidad y trata de personas.
El relanzamiento de Sierra Verde incorpora un componente que no existía en la versión original: la reforestación amazónica en zonas degradadas por minería ilegal. Este giro es fundamental porque transforma un pasivo ambiental en un activo productivo, abre las puertas al financiamiento internacional y genera empleo masivo en zonas de pobreza extrema. Uno de los objetivos es vincular la conservación de los ecosistemas con oportunidades económicas sostenibles para las comunidades y, a la vez, generar condiciones que favorezcan la inversión privada.
La Amazonía ofrece suelos aptos para plantaciones tropicales de rápido crecimiento, condiciones ideales para manejo forestal sostenible, un potencial exportador inmenso y territorios devastados por minería ilegal que requieren restauración. La presencia de organismos multilaterales en el evento de Nueva York no fue casual. Sierra Verde encaja perfectamente en las prioridades globales de financiamiento climático: reducción de emisiones, captura de carbono, restauración de ecosistemas, desarrollo sostenible e inclusión de comunidades indígenas y rurales.
Si el relanzamiento se ejecuta con la escala adecuada, la Amazonía peruana podría recuperar miles de hectáreas degradadas, desarrollar plantaciones tropicales competitivas, crear una industria forestal exportadora, contribuir a reducir la minería ilegal, generar decenas de miles de empleos y atraer cientos de millones de dólares en financiamiento climático.
Chile como modelo: el Decreto Ley 701 y la revolución forestal que el Perú aún no inicia
Cuando se analiza el potencial forestal del Perú, la comparación inevitable es Chile. No porque Chile tenga más bosques, sino precisamente porque no los tiene. Chile construyó una industria forestal moderna, competitiva y exportadora sin abundancia natural, mientras que el Perú, con una dotación forestal inmensamente superior, permanece rezagado. La clave de ese éxito de Chile fue una política pública decisiva: el Decreto Ley 701 de 1974, una norma que transformó suelos degradados en plantaciones forestales productivas y que, con el tiempo, dio origen a una industria exportadora de más de 7,500 millones de dólares anuales.
El Decreto Ley 701 fue una intervención simple pero poderosa. El Estado chileno asumió entre 75% y 90% de los costos de plantación, desde la preparación del suelo hasta el mantenimiento inicial. Esto redujo casi por completo el riesgo para los inversionistas privados y permitió que miles de pequeños y medianos propietarios forestaran sus tierras. El DL 701 no fue un subsidio asistencialista, sino una política de inversión pública inteligente diseñada para recuperar suelos degradados, crear empleo rural, atraer inversión privada, construir una base forestal para una futura industria e integrar territorios postergados a la economía nacional.
El impacto del DL 701 fue extraordinario. Chile pasó de unas 300 mil hectáreas de plantaciones en los años setenta a más de 2.9 millones en la actualidad. Sobre esa base se levantó una industria integrada que produce celulosa, tableros, madera estructural, papel, biomateriales y productos de alto valor agregado. Hoy, Chile exporta más de 7,500 millones de dólares en productos forestales cada año. Y lo más importante: no deforestó para lograrlo. Este proceso no implicó una expansión sobre bosques nativos, sino una reconversión inteligente de suelos degradados.
El contraste con el Perú es contundente. El Perú posee más de 73 millones de hectáreas de bosques (ver Gráfico 1), pero la falta de infraestructura, la informalidad persistente, la escasa inversión en plantaciones comerciales y la débil integración industrial han impedido que esta riqueza se traduzca en desarrollo. Mientras Chile construía una industria forestal moderna, el Perú perdía entre 80 mil y 120 mil hectáreas de bosque amazónico por año en los años setenta y ochenta, aceleraba la deforestación después del 2000, permitía la expansión de la minería ilegal, abandonaba millones de hectáreas de suelos andinos con aptitud forestal y no desarrollaba plantaciones comerciales a escala. El Perú necesita de una legislación forestal que emule el DL 701 chileno.
El DL 701 demuestra que una política pública bien diseñada puede transformar suelos degradados en una industria moderna en menos de dos décadas. El Perú enfrenta una situación que hace que el modelo chileno sea especialmente útil: tiene millones de hectáreas degradadas en la sierra, miles de hectáreas devastadas por minería ilegal en la Amazonía, una pobreza rural persistente, una crisis hídrica creciente y un potencial forestal gigantesco. El DL 701 tuvo un efecto multiplicador que el Perú podría replicar: el Estado reduce el riesgo inicial, el sector privado invierte en plantaciones, se crean cadenas industriales, se generan empleos formales y descentralizados, se desarrollan clústeres forestales regionales, se incrementan las exportaciones y se dinamiza la economía rural.
El Perú puede superar a Chile en 10 años. A diferencia de Chile, que ya enfrenta límites físicos para expandir su superficie forestal en producción, el Perú dispone de un amplio margen para crecer. Si implementara un programa nacional de forestación y manejo forestal con la escala adecuada, podría multiplicar por cinco su superficie forestal en producción, desarrollar una industria exportadora comparable a la chilena, generar cientos de miles de empleos, reducir la pobreza rural, aumentar la productividad agrícola, restaurar ecosistemas degradados y atraer inversión privada y multilateral.
El potencial forestal del Perú y la posibilidad real de transformar el país en 10 años
Hablar del potencial forestal del Perú no es un ejercicio retórico, sino reconocer una de las mayores oportunidades de desarrollo económico y social que el país ha ignorado durante medio siglo. El Perú posee 73 millones de hectáreas de aptitud forestal, una superficie que lo convierte en una potencia forestal dormida: equivale a 25 veces el área forestal en producción de Chile, supera ampliamente la superficie forestal de Alemania y figura entre las mayores reservas forestales del planeta. Sin embargo, el país solo maneja 550 mil hectáreas en producción forestal (ver Gráfico 2), menos del 1% de su potencial.
El contraste con Chile es revelador. Chile tiene 2.9 millones de hectáreas en producción forestal y exporta más de 7,500 millones de dólares al año en productos forestales. El Perú, con una superficie apta para forestación 25 veces mayor, exporta apenas una fracción mínima de esa cifra. La razón no es natural, sino política e institucional. El Perú nunca ha tenido un programa nacional de plantaciones comerciales, un sistema de incentivos como el DL 701 chileno, una industria forestal integrada, infraestructura logística amazónica moderna, seguridad jurídica para inversiones forestales ni certificación y trazabilidad para eliminar la informalidad.
El Perú podría transformar su economía forestal en una década y alcanzar los 2.9 millones de hectáreas en producción que hoy registra Chile. El escenario se apoya en tres condiciones señaladas en este artículo: disponibilidad de tierras, suelos degradados susceptibles de recuperación y acceso a financiamiento climático internacional. Para llegar a esa meta sería necesario reforestar 250,000 hectáreas por año y movilizar una inversión anual de 500 millones de dólares.
El impacto económico sería enorme. La forestación genera empleo masivo, aumenta la productividad agrícola, desarrolla una industria exportadora, reduce la informalidad, atrae inversión privada y multilateral, mejora la infraestructura hídrica, recupera suelos degradados y mitiga el impacto del cambio climático. El impacto social sería igualmente profundo: la forestación genera empleo inmediato, aumenta la productividad futura, reduce la vulnerabilidad agrícola, mejora la disponibilidad de agua, integra a comunidades indígenas y campesinas, reduce la dependencia de actividades ilegales y construye cohesión social.
Minería y forestación: dos motores complementarios del desarrollo peruano
Durante décadas, el Perú ha dependido de la minería como su principal motor económico. Es una actividad que ha sostenido el crecimiento, generado divisas, financiado infraestructura y permitido al país mantener estabilidad macroeconómica incluso en momentos de crisis global. Sin embargo, la minería es una actividad no renovable. Su capacidad de generar crecimiento tiene límites físicos y temporales. La minería, por sí sola, no puede resolver los problemas estructurales del país: degradación ambiental, baja productividad agrícola, falta de infraestructura hídrica y desempleo juvenil.
Por ello, el relanzamiento de Sierra Verde abre una oportunidad histórica: convertir la forestación y el manejo forestal en el tercer gran motor de crecimiento del país, complementario a la minería y la agroexportación, capaz de generar empleo masivo, aumentar la productividad rural y fortalecer la sostenibilidad ambiental. La forestación tiene características que la minería no posee: es una actividad renovable, genera empleo masivo y descentralizado, aumenta la productividad agrícola, reduce la pobreza rural, atrae financiamiento internacional, mitiga el impacto ambiental de la minería y genera exportaciones de alto valor agregado.
La complementariedad entre minería y forestación no es teórica. La minería genera recursos; la forestación genera empleo. La minería es intensiva en capital; la forestación es intensiva en mano de obra. La minería es no renovable, la forestación es renovable y amigable al ambiente.
Sierra Verde: un programa capaz de romper la trampa de la pobreza
El relanzamiento del programa Sierra Verde, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori en Nueva York, marca un punto de inflexión en la política pública peruana. No es un programa ambiental más ni una iniciativa sectorial aislada. Es, potencialmente, la primera política estructural del nuevo gobierno que articula de manera coherente productividad, empleo, agua, suelo, ambiente, inclusión territorial e inversión privada. En un país donde el 30% de la población permanece atrapada en la trampa de la pobreza y más del 70% de la fuerza laboral es informal, Sierra Verde representa una oportunidad histórica para transformar la economía rural y reconstruir la base productiva del país.
El anuncio oficial destaca que el programa generará 350 mil empleos, preservará 100 millones de metros cúbicos de agua subterránea y beneficiará a 100 comunidades andinas. El análisis técnico del potencial forestal peruano muestra que el país posee 73 millones de hectáreas de aptitud forestal, una cifra que lo convierte en una potencia forestal dormida. La comparación con Chile, que con 2.9 millones de hectáreas en producción forestal exporta más de 7,500 millones de dólares al año (ver Gráfico 3), revela la magnitud de la oportunidad perdida y la urgencia de recuperarla.
Sierra Verde, en su versión moderna, combina tres dimensiones que nunca antes habían sido articuladas en una sola política: la reforestación masiva en la sierra para recuperar suelos degradados, infiltrar agua, aumentar la productividad agrícola y generar empleo inmediato; la restauración amazónica para revertir la devastación causada por la minería ilegal, atraer financiamiento climático internacional y desarrollar plantaciones tropicales de rápido crecimiento; y el desarrollo de una industria forestal moderna capaz de generar exportaciones, empleo formal y cadenas de valor sostenibles que complementen la minería y la agroexportación.
El Perú, por primera vez en décadas, tiene la posibilidad de construir un modelo de desarrollo territorial que no dependa exclusivamente de la minería y la agroexportación. La minería seguirá siendo un motor indispensable, pero es un motor no renovable. La forestación, en cambio, es un motor renovable, intensivo en empleo, descentralizado y capaz de transformar la productividad de los sectores más pobres del país. Con tres motores de desarrollo —minería, agroexportación y producción forestal— el país podría, en un periodo de diez años, duplicar su producto interno bruto y, más importante aún, reducir de manera sostenida la pobreza rural.
Para lograrlo, Sierra Verde debe ser mucho más ambicioso que las 50,000 hectáreas anunciadas. Esa cifra representa apenas una fracción del potencial forestal peruano. El país necesita reforestar 250,000 hectáreas por año durante una década, con una inversión anual del orden de 500 millones de dólares, para alcanzar las 2.9 millones de hectáreas en producción que Chile ya posee.
Sierra Verde puede convertirse en la política que rompa la trampa de la pobreza en la sierra y la selva: generaría empleo formal y descentralizado para cientos de miles de jóvenes, recuperaría suelos degradados, elevaría la productividad agrícola y restauraría las áreas amazónicas devastadas por la minería ilegal. También permitiría atraer financiamiento climático y capital privado, desarrollar una industria forestal exportadora comparable o superior a la chilena, fortalecer la seguridad hídrica e integrar a comunidades campesinas e indígenas en cadenas productivas sostenibles. En conjunto, estos efectos contribuirían a crear cohesión social en territorios históricamente postergados.
El relanzamiento de Sierra Verde es un primer paso. Es tímido en su escala, pero significativo en su dirección. Lo que determine su impacto no será el anuncio, sino la ambición con la que se ejecute. Si el Perú decide convertir la forestación en política de Estado, que trascienda gobiernos, con metas claras, incentivos privados, financiamiento multilateral y participación comunitaria, el país puede transformar su estructura productiva en una década. Sierra Verde no es solo un programa ambiental: es una estrategia de desarrollo, una política de inclusión y una apuesta por el futuro. Si el país se atreve a llevarlo a su máxima expresión, será recordado como el programa que, por fin, rompió la trampa de la pobreza. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).