Linterna de Popa 515

Linterna de Popa 515

Jorge Baca Campodónico

Octubre de 2025

Lineamientos para un Plan de Gobierno

Puntos críticos que se deben incluir en todo plan de gobierno de cara a las próximas elecciones

La vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como presidente de transición han marcado un punto de inflexión en la política peruana. La designación de un gabinete técnico y la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao buscan contener la violencia social, las extorsiones y el sicariato, que vienen golpeando con fuerza a la ciudadanía y a la actividad empresarial. El objetivo inmediato es claro: restaurar la confianza para fomentar la inversión privada y garantizar un proceso electoral limpio, transparente y libre de presiones ilegítimas.

La coyuntura abre una ventana de oportunidad. El país enfrenta simultáneamente una crisis de seguridad, un deterioro fiscal y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones y el inicio del proceso electoral. En este contexto, los lineamientos de un plan de gobierno no pueden limitarse a medidas de combate a la violencia y la inseguridad y las usuales promesas de campaña, por el contrario deben constituir un verdadero pacto de Estado, que trascienda coyunturas y siente las bases de un desarrollo sostenible.

Congreso y Ejecutivo: más allá de las facultades especiales

El nuevo gobierno ha solicitado facultades especiales al Congreso para enfrentar la inseguridad. Sin embargo, la labor parlamentaria no puede limitarse a otorgar poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo. El Congreso debe asumir un rol más proactivo, comenzando por frenar el aluvión de legislación populista que, con la anuencia de anteriores ejecutivos, ha minado los ingresos fiscales, aumentando el gasto corriente, contraviniendo la Constitución. Este populismo legislativo ha generado dos consecuencias graves: el aumento del déficit fiscal y, por la naturaleza de las medidas, una mayor rigidez del gasto público, que se convierte en una pesada carga para el próximo gobierno.

El reto es doble: contener la inseguridad y, al mismo tiempo, evitar que la política fiscal se convierta en un obstáculo para la estabilidad macroeconómica. Los cambios de autoridades de Petroperú y la luz verde para el inicio del proyecto minero Tía María apuntan en la dirección correcta.

La agenda legislativa pendiente

En lugar de multiplicar leyes populistas de corto plazo, el Congreso debería concentrarse en aprobar reformas estructurales que mejoren las perspectivas del déficit y los niveles de deuda pública,  propiciando un ambiente de confianza para el inversionista, que contribuya a generar mayor empleo formal, reduciendo la informalidad, y que permitan que la economía crezca a su verdadero potencial. El Parlamento tiene la oportunidad de convertirse en un aliado de la estabilidad, siempre que priorice el debate de leyes fundamentales y no ceda a la tentación de medidas populistas insostenibles. El Congreso debe legislar con la mira puesta en duplicar el PBI en los próximos 10 años (ver Gráfico 1).

Medidas de fondo: la agenda que no puede esperar

Todo partido político que aspire a gobernar debe precisar en su plataforma electoral un conjunto de medidas de fondo que vayan más allá del combate a la violencia y la inseguridad y que permitan duplicar el PBI real en el horizonte de 10 años. El objetivo primordial debe ser la eliminación de la pobreza y la garantía de igualdad de oportunidades que permita un crecimiento autosostenido. Para ello, se requiere una racionalización del gasto público que incluya la reducción del número de ministerios y una reforma del proceso de incorporación al servicio público, basado en concursos abiertos y meritocracia, con etapas de adiestramiento previo que aseguren que solo los mejores ingresen al aparato estatal. En lugar de aumentar la burocracia estatal se debe promover la inversión privada como principal motor del empleo, a través del desarrollo económico.

Los recursos excedentes generados del crecimiento no deben destinarse a programas asistencialistas, sino a proyectos que aumenten la productividad de los sectores menos favorecidos: infraestructura, electricidad, escuelas, postas médicas, agua y desagüe, para lograr un desarrollo balanceado que reduzca las brechas existentes. Una propuesta innovadora es la creación de un Servicio Civil Obligatorio remunerado con salario mínimo, que permita integrar socialmente a los jóvenes sin distinción de clase social y canalizar su energía hacia el aumento de la productividad de las regiones más pobres. El aumento de la productividad de los sectores más pobres permitiría en un plazo de 10 años eliminar la pobreza extrema y reducir el nivel de pobreza a 10 por ciento de la población total (ver Gráfico 2).

Reforma del sistema de justicia

La administración de justicia es uno de los pilares más cuestionados por la ciudadanía. Una reforma profunda debe incluir la reestructuración de los procesos de selección de jueces y fiscales, mediante la creación de una Escuela de la Magistratura eficiente, que filtre y forme a los mejores candidatos. También se plantea sustituir las salas de tres jueces por un sistema de jurados al estilo anglosajón, lo que reduciría la discrecionalidad de los jueces y aumentaría la eficiencia. Pasar de tres jueces por sala a un juez por sala permitiría descongestionar el sistema judicial y devolver confianza a la ciudadanía.

Reforma del proceso electoral y del Congreso

Un aspecto central que debe incorporarse en cualquier plan de gobierno serio es la reforma del proceso de elección de las cámaras legislativas. La propuesta de establecer una renovación por tercios de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, junto con la creación de distritos uninominales, permitiría reducir la fragmentación partidaria que hoy caracteriza al Congreso y que dificulta la construcción de consensos. Este mecanismo introduciría mayor estabilidad y continuidad en las labores parlamentarias, evitando cambios bruscos en la composición de las cámaras y asegurando una representación más cercana entre electores y representantes. Al asemejarse a los sistemas de elección vigentes en Estados Unidos y en otros países desarrollados, el Perú podría fortalecer la institucionalidad democrática, consolidar partidos políticos más sólidos y garantizar un Congreso con mayor capacidad de deliberación y de control político efectivo.

Reforma tributaria integral

El sistema tributario peruano requiere una transformación estructural. La gobernanza de la SUNAT debe cambiar, sustituyendo la figura del superintendente por un directorio con participación del sector privado, similar al Banco Central de Reserva. La incorporación de funcionarios debe regirse por criterios estrictos de competencia técnica.

En cuanto a los impuestos, el impuesto a la renta empresarial debe ajustarse para incentivar la generación de empleo formal y la competitividad frente a otros países de la región. El impuesto a la renta personal podría transformarse en un esquema de Impuesto Negativo a la Renta, con un mínimo obligatorio que fomente la formalización y garantice progresividad, mediante compensaciones a los de menores ingresos. La reforma tributaria no debe buscar el aumento de impuestos sino la ampliación de la base tributaria y en base a un sistema progresivo, que promueva la reducción de la informalidad.

Pensiones y salud: un nuevo modelo de contribución

El actual sistema de pensiones y salud es ineficiente y excluyente. La propuesta de fondo es reemplazarlo por un sistema basado en la recaudación de los aportes a través del IGV, para permitir que todos los peruanos en edad de trabajar contribuyan a sus cuentas individuales. Este esquema tendría dos pilares: uno obligatorio, para garantizar una pensión mínima universal, y otro voluntario, con cuentas individuales para quienes deseen mayores beneficios. De esta manera se ampliaría la cobertura y se aseguraría dignidad en la vejez.

Descentralización y coparticipación fiscal

La reforma de la Ley de Descentralización es impostergable. Se requiere una ley de coparticipación de impuestos a nivel regional, la reestructuración del canon minero y una definición más clara de la distribución del IGV y del impuesto a la renta. Además, deben establecerse reglas fiscales regionales que garanticen transparencia y sostenibilidad del manejo de cada región.

Educación: igualdad de oportunidades

La educación debe ser el gran igualador social. Para ello, se propone la implantación de un sistema de váuchers educativos que garantice acceso a una educación digna, acompañado de la mejora de la infraestructura escolar en las zonas más pobres. La capacitación docente y una carrera magisterial meritocrática asegurarán la incorporación de los mejores cuadros al sistema educativo. El Servicio Civil Obligatorio, con su componente educativo, debería servir como un nivelador de la brecha educativa imperante y la posibilidad de plasmar una cohesión social entre todos los peruanos.

Salud: prevención y descentralización

El sistema de salud debe priorizar la atención primaria. La construcción de una red de postas médicas en todo el país, con personal capacitado y descentralización de la atención, permitirá acercar los servicios a la población. El énfasis debe estar en la prevención, para reducir el gasto en la curación y la atención de emergencias. El objetivo debería ser duplicar el número de establecimientos de la red de atención primaria de salud, garantizando su debido equipamiento y personal adecuado.

Agricultura: motor de inclusión

La expansión agrícola es clave para reducir la pobreza rural. Para ello se requiere la construcción de reservorios y canales de riego, programas de forestación y cosecha de agua, y la implementación de riego tecnificado. El Servicio Civil Obligatorio tendría un rol central en estas tareas, contribuyendo a la productividad y al desarrollo de las zonas más pobres. El objetivo debe ser masificar las labores de expansión agrícola para aumentar la cobertura a los agricultores de las zonas mas pobres (ver Gráfico 3).

Energía y minas: hacia una matriz sostenible

El sector energético y minero debe reestructurarse con visión de futuro. La prioridad debe ser el desarrollo de energías renovables, especialmente la hidráulica, sustituyendo progresivamente el gas por electricidad renovable en uso doméstico y transporte (ver Gráfico 4). La reorganización y posterior privatización de Petroperú debe ser una prioridad, así como la creación de un nuevo sistema de concesiones mineras que elimine el Reinfo y garantice equilibrio entre agua, agricultura y minería. Los recursos generados deben canalizarse hacia un Fondo Soberano de Riqueza que beneficie también a las generaciones futuras.

Investigación y desarrollo: cerrar la brecha tecnológica

El Perú no puede seguir rezagado en innovación. Se requiere fortalecer Concytec, para impulsar el fomento a la invención y la innovación, impulsando el uso de tecnologías emergentes en todos los sectores, en estrecha coordinación con las organizaciones gremiales del sector privado. Reducir rápidamente la brecha tecnológica con los países avanzados debe ser una prioridad nacional. Para lograrlo, resulta indispensable promover la creación de laboratorios altamente especializados y equipados en las universidades, orientados a distintas áreas de investigación en tecnologías de punta como biotecnología, inteligencia artificial, energías renovables, nanotecnología, fotónica y ciencias cuánticas. Estos espacios no solo deben servir como centros de experimentación, sino también como nodos de transferencia tecnológica desde países desarrollados hacia el Perú, adaptando los avances internacionales a la realidad nacional y asegurando que el conocimiento adquirido se traduzca en soluciones concretas para los problemas locales que permitan el aumento de la productividad.

Al mismo tiempo, dichos laboratorios deben sentar las bases para la generación de tecnología propia, fortaleciendo la capacidad de innovación endógena y reduciendo la dependencia externa. De esta manera, se consolidaría un ecosistema científico y académico capaz de formar capital humano altamente calificado, estimular la colaboración con el sector privado y, en última instancia, cerrar de manera sostenida la brecha tecnológica que limita el desarrollo del país.

Conclusión: un pacto de Estado para el futuro

El Perú se encuentra en una encrucijada. La transición política abre la posibilidad de un nuevo comienzo, pero solo si se asume con responsabilidad. Los lineamientos de un plan de gobierno no deben ser un catálogo de promesas, sino un compromiso serio con la estabilidad, la equidad y el desarrollo sostenible.

Eliminar la pobreza, garantizar igualdad de oportunidades, modernizar el Estado y recuperar la confianza en las instituciones son tareas que trascienden a un solo gobierno. Se requiere un pacto de Estado, un consenso mínimo entre partidos y una ciudadanía vigilante. El reto es monumental, pero también lo es la oportunidad. El Perú tiene los recursos, el talento y la energía para lograrlo. Lo que falta es voluntad política y visión de largo plazo. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).