Linterna de Popa 514
Jorge Baca Campodónico
Octubre de 2025
Perú en la encrucijada
La turbulencia política y la violencia impiden aprovechar plenamente los vientos externos favorables para la economía.
La reciente destitución de la presidenta Dina Boluarte y la llegada de José Jerí al poder, en medio de una ola de violencia, sicariato y paros sectoriales, han sumido a la economía peruana en una profunda incertidumbre. El nuevo gabinete, liderado por Ernesto Álvarez, y los sólidos factores externos —como los precios históricos del oro y el cobre, la caída del petróleo y una política monetaria que fortalece al sol frente al dólar— ofrecen cierto alivio. Sin embargo, los riesgos internos, especialmente en un año electoral, aumentan la desconfianza, frenan la inversión y amenazan con debilitar la estabilidad fiscal y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).
Tipo de cambio: un sol fuerte en medio de la tormenta
El Banco Central de Reserva (BCRP) ha logrado mantener la confianza de los mercados con una política monetaria contractiva, que ha permitido que la inflación en Perú se mantenga por debajo de la estadounidense, ofreciendo un retorno atractivo, en moneda nacional, para los capitales de corto plazo (ver Gráfico 1). Este escenario ha favorecido la apreciación del sol frente al dólar, contrarrestando la fuga de capitales provocada por la inseguridad y la incertidumbre política. Sin embargo, la fortaleza de la moneda nacional no solo responde a la gestión del BCRP: el reciente repunte internacional del precio del oro ha impulsado el valor de las exportaciones peruanas, en su mayor parte provenientes de la minería, formal e informal, lo que ha reforzado la balanza comercial y la balanza de pagos. A pesar de este alivio externo, diversos analistas advierten que la volatilidad electoral y la percepción de inestabilidad institucional podrían revertir la tendencia, presionando nuevamente al alza el tipo de cambio, si la salida de capitales se intensifica.
Déficit fiscal: la amenaza del gasto corriente
El déficit fiscal, que ya bordea el 2.5% del PBI y podría superar el 3% en 2026, enfrenta presiones crecientes (ver Gráfico 2). El Congreso impulsa leyes de corte populista, que incrementan el gasto corriente y limitan la recaudación tributaria, mientras que el servicio de la deuda pública se encarece con el aumento de las tasas de interés. A ello se suma la situación crítica de Petroperú, cuya eventual necesidad de rescate financiero podría añadir varios puntos al déficit fiscal. La sostenibilidad fiscal, uno de los pilares de la credibilidad macroeconómica del país, se encuentra en riesgo. El reemplazo del Presidente de Petroperú es una señal positiva respecto a la actitud del MEF y el MINEM sobre su futuro.
Crecimiento del PBI: entre el oro y la violencia
El alza internacional del oro y del cobre ha generado un superávit comercial que sostiene la balanza de pagos. Sin embargo, la minería ilegal del oro y el contrabando en el sur del país no solo erosionan la recaudación fiscal, sino que alimentan redes criminales que intensifican la violencia y que podrían influir en el resultado de las elecciones. El sicariato y la extorsión, que afectan al transporte y a las pequeñas empresas, reducen la productividad y elevan los costos de operación. En paralelo, la campaña electoral y la fragmentación política desalientan la inversión privada, que ya muestra señales de desaceleración, de cara a 2026. El resultado será un crecimiento que podría mantenerse en torno al 3% en 2025, pero con riesgo de caer a 2.5% en 2026 si la violencia se generaliza y la incertidumbre política se profundiza (ver Gráfico 3).
Fuga de capitales: una herida abierta desde 2021
Uno de los factores más críticos es la fuga de capitales, iniciada con la asunción de Pedro Castillo a la presidencia en 2021. Desde entonces, más de 20.000 millones de dólares por año vienen saliendo del país (ver Gráfico 4), reflejando la desconfianza de inversionistas frente a la inestabilidad política y la debilidad institucional.
Aunque en 2023 y 2024 la salida de capitales se moderó, en los últimos trimestres la tendencia se ha intensificado nuevamente, alimentada por la violencia, el sicariato y la incertidumbre electoral. Esta dinámica erosiona la inversión privada, encarece el financiamiento y limita la capacidad del Estado para sostener el crecimiento a mediano plazo. El contraste es evidente: mientras los altos precios de los minerales fortalecen la balanza comercial, la fuga de capitales refleja la fragilidad de la confianza en el país como destino de inversión.
Un equilibrio frágil
El Perú atraviesa una paradoja económica: mientras los altos precios de los minerales y la política monetaria del Banco Central de Reserva sostienen la fortaleza del sol y mantienen la balanza comercial en positivo, la inestabilidad política y el inicio del periodo electoral generan incertidumbre y desconfianza entre inversionistas y ciudadanos. A esto se suma el déficit fiscal, que se ha convertido en una preocupación creciente debido al aumento del gasto corriente y la presión sobre las cuentas públicas.
La fuga de capitales, que se arrastra desde 2021 y se ha acelerado en los últimos meses, es el termómetro más claro de esta desconfianza. Además, la apreciación del sol no solo responde a factores internos, sino también al repunte internacional del precio del oro, que ha elevado el valor de las exportaciones peruanas, gran parte de ellas provenientes de la minería informal. En este contexto, el país enfrenta el reto de recuperar la confianza y garantizar estabilidad en medio de un escenario político y fiscal cada vez más complejo.
Conclusión
El futuro económico de Perú depende, en gran medida, de la capacidad del gobierno interino y del Congreso para enfrentar los desafíos actuales. No basta con implementar medidas urgentes contra la criminalidad; es fundamental que el Congreso deje de aprobar iniciativas populistas que comprometen la estabilidad fiscal y, en cambio, se dedique a impulsar reformas estructurales. Una de las prioridades debería ser una reforma profunda de la Fiscalía y del Poder Judicial, reemplazando el actual sistema basado en el criterio individual de los jueces que dirigen los procesos y determinan la culpabilidad o inocencia, por un modelo de jurados similar al anglosajón. Este cambio permitiría eliminar la discrecionalidad judicial y aumentar la eficiencia, al reducir el número de jueces por sala de tres a uno.
Por otro lado, el Congreso debe abocarse a una reforma tributaria integral que abarque las contribuciones al sistema previsional y de salud, la coparticipación de recursos entre los gobiernos regionales y la modificación de la ley de descentralización. Solo con señales claras y reformas profundas se podrá recuperar la confianza de los inversionistas y asegurar una transición democrática y ordenada en 2026. De lo contrario, el viento externo favorable podría convertirse en una oportunidad perdida, con un sol fuerte en apariencia, pero una economía debilitada en sus cimientos. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).