Linterna de Popa 563
Jorge F. Baca Campodónico
Octubre 2026
Una Perspectiva Econométrica de la Seguridad Ciudadana
¿Qué puede enseñarnos la economía sobre la lucha contra la criminalidad?
Destaque
La evidencia internacional y el análisis econométrico de las 25 regiones del Perú muestran que una mayor presencia coordinada de policías y serenos puede reducir significativamente la incidencia delictiva. El desafío no es solo aumentar efectivos, sino desplegarlos estratégicamente, fortalecer la inteligencia y convertir la evidencia econométrica en una política integral de seguridad ciudadana.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos. Las extorsiones, los robos violentos, el crimen organizado, el sicariato y la expansión de organizaciones criminales transnacionales han transformado la seguridad en una prioridad nacional. Sin embargo, más allá de los debates políticos y de las respuestas intuitivas, existe una pregunta fundamental: ¿qué nos dice la evidencia científica sobre la forma más efectiva de combatir el delito?
Durante décadas la criminología estuvo dominada por enfoques sociológicos, psicológicos y jurídicos. La economía parecía tener poco que aportar a la comprensión del comportamiento criminal. Esa situación cambió radicalmente en 1968 cuando el economista estadounidense y posteriormente Premio Nobel, Gary Becker, publicó su célebre artículo Crime and Punishment: An Economic Approach. Becker propuso una idea revolucionaria para la época: los delincuentes, al igual que cualquier otro individuo, toman decisiones racionales comparando beneficios y costos esperados.
Según este enfoque, una persona comete un delito cuando el beneficio esperado supera el costo esperado de ser capturada, procesada y sancionada. La decisión criminal no necesariamente implica una racionalidad perfecta, pero sí supone que los individuos responden a incentivos. En consecuencia, la presencia policial, la probabilidad de captura, la rapidez de la justicia y la severidad de las sanciones influyen directamente sobre la conducta criminal.
Esta idea generó una amplia producción académica durante las décadas siguientes. Sin embargo, durante los años ochenta y noventa, numerosos estudios empíricos parecieron contradecir las conclusiones de Becker al mostrar que las ciudades con mayor número de policías tendían a registrar también niveles más elevados de delincuencia. Esta asociación fue interpretada inicialmente como evidencia de que una mayor presencia policial no reducía el delito e incluso podía poner en duda el efecto disuasivo planteado por su teoría.
La conclusión parecía devastadora para la teoría de Becker. Si más policías estaban asociados con más delitos, entonces la presencia policial no sería una herramienta eficaz para reducir la criminalidad. Sin embargo, el problema estaba en la metodología estadística utilizada. En realidad, las ciudades más peligrosas contrataban más policías precisamente porque ya sufrían altos niveles de delincuencia. La correlación observada no implicaba causalidad.
El avance de la econometría moderna permitió resolver este problema. El desarrollo de modelos de panel, experimentos naturales, pruebas aleatorias controladas (RCT) y estimadores de diferencias en diferencias permitió separar causa y efecto. Fue entonces cuando comenzó a emerger una nueva evidencia que reivindicaba muchas de las intuiciones originales de Becker.
Uno de los estudios más influyentes fue realizado por los economistas argentinos Rafael Di Tella y Ernesto Schargrodsky, quienes analizaron un experimento natural extraordinario surgido tras el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en julio de 1994. Sus resultados se convertirían en uno de los ejemplos más convincentes del impacto de la presencia policial sobre la delincuencia.
No fue el único caso. En Estados Unidos surgieron múltiples investigaciones sobre los llamados hot spots, o puntos calientes del delito. Lawrence Sherman demostró que una pequeña proporción de calles concentra una porción desproporcionadamente alta de la actividad criminal. En Reino Unido se desarrollaron modelos de policía de proximidad. En Colombia se implementaron sistemas de información geográfica para focalizar recursos policiales. En Jamaica se experimentó con la recuperación integral de barrios dominados por pandillas. Más recientemente, El Salvador ha aplicado una estrategia de control territorial de características muy particulares.
Cada una de estas experiencias muestra que la lucha contra la delincuencia puede beneficiarse enormemente de las herramientas analíticas de la economía y la econometría. Pero también revela una lección importante: no existen soluciones universales. Cada país debe adaptar las experiencias internacionales a sus propias condiciones institucionales, geográficas y sociales.
El experimento natural de Di Tella y Schargrodsky
El estudio de Di Tella y Schargrodsky constituye probablemente uno de los trabajos más elegantes de toda la literatura económica sobre crimen y seguridad ciudadana. El atentado contra la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994 causó 85 muertos y más de 300 heridos. Como respuesta inmediata, el gobierno argentino dispuso protección policial permanente para edificios pertenecientes a comunidades judías y musulmanas en Buenos Aires y otras ciudades del país.
La medida fue adoptada por razones de seguridad antiterrorista, no por razones relacionadas con el robo de automóviles. Precisamente por ello generó una situación ideal para el análisis econométrico. La asignación de policías era esencialmente independiente de la delincuencia común existente en los barrios.
Los investigadores recopilaron información detallada sobre robos de automóviles en 876 manzanas de Buenos Aires durante varios meses antes y después del atentado. Treinta y siete de esas manzanas contenían instituciones protegidas por la policía y constituían el grupo de tratamiento. Las restantes 839 manzanas formaban el grupo de control.
Utilizando la metodología de diferencias en diferencias, los autores compararon la evolución de los robos en las manzanas con presencia policial adicional respecto de aquellas que no recibieron protección. Los resultados fueron sorprendentes. La presencia permanente de un agente policial en una manzana produjo una reducción cercana al 78% en el número de vehículos robados. Más importante aún, el estudio logró establecer una relación causal y no simplemente una correlación estadística. La disminución observada podía atribuirse directamente a la presencia policial y no a otros factores concurrentes.
Desde el punto de vista económico, el resultado es consistente con el modelo de Becker. Un delincuente potencial observa un aumento en la probabilidad de captura y modifica su comportamiento. El costo esperado del delito aumenta y, por tanto, disminuye el incentivo para delinquir. La importancia de este estudio excede ampliamente el caso argentino. Constituye una demostración empírica de que la presencia policial visible puede tener efectos disuasivos muy significativos cuando se implementa de manera estratégica.
Aunque el estudio argentino es especialmente influyente, no constituye la única evidencia disponible. Diversos países han desarrollado modelos exitosos de reducción de la criminalidad, cada uno adaptado a sus circunstancias particulares.
Reino Unido: la policía de proximidad
El modelo británico se basa en el concepto de Neighbourhood Policing, o policía de proximidad. En lugar de concentrar todas las funciones en grandes unidades centralizadas, se procura que agentes específicos trabajen permanentemente en áreas geográficas reducidas.
La filosofía del modelo es que el policía conozca personalmente a vecinos, comerciantes, líderes comunitarios y delincuentes recurrentes. La información obtenida a través de esta interacción se convierte en una poderosa herramienta de prevención. El objetivo no consiste únicamente en arrestar delincuentes, sino en aumentar la percepción de presencia estatal y fortalecer la cooperación entre ciudadanos y policía.
Estados Unidos: los puntos calientes del delito
La experiencia estadounidense demuestra la importancia de la focalización. Numerosos estudios han encontrado que una pequeña proporción de calles concentra una gran fracción de los delitos. En consecuencia, la estrategia de hot spots policing busca concentrar recursos precisamente en esos lugares.
Ciudades como Nueva York, Minneapolis, Kansas City, Filadelfia y Seattle han utilizado este enfoque con resultados positivos. Las reducciones de criminalidad suelen oscilar entre 10% y 30%, dependiendo del tipo de delito y de la intensidad de la intervención. La principal lección de la experiencia en EUA es que la distribución uniforme de policías puede ser menos eficiente que una asignación basada en información geográfica detallada.
Colombia: inteligencia, tecnología y gestión territorial
Bogotá y Medellín constituyen ejemplos especialmente relevantes para América Latina. Durante las últimas décadas ambas ciudades desarrollaron sistemas sofisticados de análisis criminal, cartografía del delito, videovigilancia y coordinación institucional. La reducción de homicidios observada en diferentes periodos no fue resultado exclusivo de un mayor número de policías. También influyeron la recuperación de espacios públicos, la modernización institucional y el uso intensivo de inteligencia policial.
Jamaica: recuperar territorios dominados por pandillas
Kingston enfrentó durante años problemas extremadamente graves vinculados a organizaciones criminales fuertemente armadas. La estrategia jamaicana evolucionó hacia las llamadas Zones of Special Operations (ZOSO), que combinan presencia policial y militar permanente con programas sociales e inversiones públicas.
La lógica fue clara: primero recuperar físicamente el territorio, después mantener presencia constante del Estado y finalmente reconstruir el tejido social. El componente clave no fue una operación temporal, sino la ocupación sostenida de áreas críticas durante largos periodos.
El Salvador: control territorial y capacidad coercitiva
El caso salvadoreño es probablemente el más controvertido. Las políticas implementadas durante los últimos años produjeron una drástica reducción de homicidios mediante operaciones masivas contra pandillas, ampliación de capacidades penitenciarias y control territorial intensivo.
Sin embargo, su aplicación ha generado intensos debates sobre derechos civiles, debido proceso y sostenibilidad institucional. La experiencia demuestra que la reducción del delito puede lograrse por diferentes caminos, pero también que cada estrategia implica costos y beneficios específicos.
¿Dónde se encuentra el Perú?
Las comparaciones internacionales suelen revelar resultados sorprendentes. Contrariamente a lo que muchas personas creen, Perú no tiene necesariamente una baja densidad policial en términos internacionales como promedio nacional, Sin embargo existen grandes variaciones a nivel regional.
El Perú ha venido incrementando sus efectivos policiales en la última década. Las estimaciones más recientes sitúan a la Policía Nacional del Perú alrededor de 380 policías por cada 100.000 habitantes (3.8 policías por 1,000 habitantes, ver Gráfico 1), cifra similar a la observada en Londres y superior al promedio de Inglaterra y Gales, que registra aproximadamente 219 policías por cada 100.000 habitantes.
Estados Unidos presenta una densidad cercana a 240-250 policías por cada 100.000 habitantes, aunque existen diferencias importantes entre ciudades. Colombia suele ubicarse en torno a 350 policías por cada 100.000 habitantes, mientras que Londres alcanza aproximadamente 383 efectivos por cada 100.000 habitantes.
Adicionalmente a los efectivos de la Policía Nacional, el Perú cuenta con el sistema de serenazgo, un servicio municipal de seguridad ciudadana presente principalmente en las ciudades más importantes del país. Aunque los serenos no sustituyen a la policía ni poseen sus mismas atribuciones, su labor complementa la acción policial mediante el patrullaje preventivo, la vigilancia de espacios públicos, la atención de incidentes y el apoyo frente a delitos menores y otras situaciones que afectan la convivencia ciudadana. Como se observa en el Gráfico 2, la evolución y disponibilidad de estos efectivos presenta grandes variaciones entre regiones (medida por las desviaciones estándar en el gráfico), reflejo de las diferencias en capacidad fiscal, organización municipal y prioridad asignada a la seguridad ciudadana.
Esta comparación sugiere que el problema peruano no puede explicarse únicamente por una insuficiencia numérica de efectivos. La distribución territorial resulta igualmente importante. Perú cuenta con aproximadamente 1.400 comisarías a nivel nacional, mientras que Inglaterra opera mediante una red más concentrada de estaciones policiales complementadas por patrullaje móvil y tecnología. Estados Unidos depende de miles de departamentos policiales locales altamente descentralizados. Colombia combina estaciones, Centros de Atención Inmediata (CAI) urbanos y unidades móviles.
En el Perú, a lo largo del periodo 2015-2024, la incidencia promedio regional del delito mostró una tendencia ascendente, al pasar de 8.7 delitos por cada 1.000 habitantes en 2015 a 12.4 en 2024 (ver Gráfico 3). Sin embargo, este promedio nacional oculta importantes diferencias territoriales, pues la incidencia delictiva varía considerablemente entre las distintas regiones del país. La elevada desviación estándar alrededor del promedio nacional ilustra esta heterogeneidad y confirma que tanto la magnitud como la evolución del delito responden a realidades regionales muy diversas.
En conjunto, la evidencia internacional y las marcadas diferencias observadas entre las regiones peruanas sugieren que la relación entre presencia policial, serenazgo e incidencia delictiva no puede evaluarse únicamente mediante comparaciones descriptivas. Aunque la cantidad de efectivos es relevante, su impacto depende también de su distribución territorial, coordinación y forma de despliegue; además, las regiones con mayor criminalidad pueden responder asignando más recursos de seguridad, lo que dificulta distinguir correlación de causalidad. Por ello, resulta necesario aplicar una metodología econométrica que controle estas diferencias y permita estimar con mayor precisión el efecto de la disponibilidad de policías y serenos sobre la incidencia del delito en el Perú.
Evidencia Econométrica en el Caso Peruano.
La Tabla 1 presenta los resultados de una estimación mediante el método de diferencias en diferencias, aplicada a un panel de las 25 regiones del Perú durante el periodo 2015-2024, con el propósito de identificar la relación entre la disponibilidad de efectivos de la Policía Nacional y del serenazgo y la incidencia de delitos por cada mil habitantes. Los resultados indican que el incremento conjunto del número de policías y serenos se asocia con una reducción estimada de 35.8% en la incidencia delictiva, lo que sugiere un efecto disuasivo económica y estadísticamente significativo. La especificación muestra, además, un nivel de ajuste muy aceptable, con un R cuadrado ajustado de 0.878 y una estadística “t” de 7.546, valores que respaldan la solidez estadística de la relación estimada para el periodo y la cobertura regional analizados y que podría ser mejorada utilizando datos a nivel provincial o distrital que no han estado disponibles al autor.
Hacia una estrategia peruana de seguridad ciudadana
El principal error de muchas propuestas consiste en buscar soluciones espejo. Lo que funcionó en Londres no necesariamente funcionará en Lima. Lo que funcionó en Kingston puede no funcionar en Trujillo. Lo que produjo resultados en Buenos Aires podría requerir adaptaciones importantes para Arequipa o Chiclayo.
Sin embargo, sí es posible identificar principios generales. El primero es el fortalecimiento del control fronterizo. La expansión del crimen organizado en el Perú está estrechamente vinculada al ingreso de armas, drogas, explosivos y organizaciones criminales internacionales. Sin una estrategia robusta de control de fronteras, cualquier esfuerzo posterior será más difícil. La presencia policial y de las fuerzas armadas es una pieza clave para no solo el control migratorio sino para evitar el contrabando que da origen a las actividades ilícitas, contrabando y minería ilegal.
El segundo principio consiste en verificar efectivamente los domicilios y fortalecer los sistemas de identificación. Muchos delincuentes aprovechan los vacíos de información sobre residencia, identidad y movilidad para eludir la acción de las autoridades. Por ello, la correspondencia entre el domicilio declarado y la residencia real de los titulares del DNI o del Carné de Extranjería debería comprobarse y fiscalizarse de manera rutinaria, con procedimientos coordinados entre las instituciones competentes.
El tercero es la utilización intensiva de mapas del delito. La tecnología actual permite identificar con precisión las áreas donde se concentran extorsiones, robos, homicidios, narcotráfico y minería ilegal. Los recursos policiales deben asignarse prioritariamente a esos puntos críticos.
La evidencia econométrica, indica que resulta mucho más eficiente proteger las áreas donde ocurre la mayor parte de los delitos que distribuir los recursos de manera uniforme. Asimismo, la presencia policial debe fortalecerse significativamente. No necesariamente mediante un policía permanente en cada manzana de Lima, pero sí mediante una presencia visible y continua en aquellas zonas donde la incidencia criminal es más elevada.
Esta estrategia debe complementarse con mejor equipamiento. Cámaras corporales, sistemas de comunicación en tiempo real, videovigilancia inteligente, lectores de placas vehiculares y bases de datos integradas pueden multiplicar la efectividad de cada efectivo policial. Las comisarías también requieren modernización y redistribución. No basta con construir más instalaciones; es necesario ubicarlas estratégicamente en función de la geografía criminal.
El serenazgo municipal debe integrarse de manera mucho más efectiva con la Policía Nacional. Actualmente existen numerosas duplicidades y problemas de coordinación. En una arquitectura moderna de seguridad ciudadana, el serenazgo puede convertirse en una primera línea de observación y respuesta.
Las Fuerzas Armadas podrían desempeñar funciones complementarias en áreas específicas vinculadas a control territorial (fronteras), protección de infraestructura crítica y vigilancia fronteriza, liberando recursos policiales para tareas especializadas.
Igualmente importante es el fortalecimiento de la inteligencia policial. La experiencia internacional muestra que la lucha contra organizaciones criminales requiere capacidades analíticas avanzadas, infiltración, monitoreo financiero e intercambio permanente de información.
Pero incluso estas medidas resultarán insuficientes si no se fortalecen simultáneamente el Ministerio Público y el Poder Judicial. Desde la perspectiva de Becker, la disuasión depende tanto de la probabilidad de captura como de la probabilidad de condena. Si un delincuente considera probable ser detenido pero improbable ser condenado, el efecto disuasivo se reduce significativamente. Por ello, la seguridad ciudadana debe concebirse como un sistema integrado donde policía, fiscalía, tribunales y sistema penitenciario funcionan de manera coordinada.
Conclusiones
La economía moderna ha demostrado que la criminalidad no es un fenómeno aleatorio ni completamente impredecible. El trabajo pionero de Gary Becker abrió una nueva forma de entender el delito como una respuesta a incentivos. Décadas después, estudios como el de Rafael Di Tella y Ernesto Schargrodsky proporcionaron evidencia empírica convincente de que la presencia policial puede reducir significativamente ciertos tipos de criminalidad.
Las experiencias de Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, Jamaica y El Salvador muestran que no existe una fórmula única. Cada país ha desarrollado estrategias adaptadas a su realidad institucional, social y geográfica.
Sin embargo, todas comparten algunos elementos comunes: presencia estatal permanente, uso de inteligencia, focalización territorial, coordinación institucional y capacidad efectiva de sanción.
Para el Perú, el desafío no parece ser exclusivamente aumentar el número de policías. La evidencia sugiere que resulta igualmente importante mejorar su distribución, control efectivo de fronteras, fortalecer la inteligencia policial, utilizar mapas criminales para focalizar recursos, modernizar comisarías, coordinar esfuerzos con el serenazgo y reforzar el sistema de justicia.
La gran lección de la econometría aplicada a la seguridad ciudadana es que las políticas públicas deben basarse en evidencia y no únicamente en intuiciones. La pregunta relevante no es cuántos policías tiene un país, sino dónde están, qué hacen, cómo están equipados y cuál es la probabilidad real de que un delincuente sea detectado, detenido, procesado y condenado.
En última instancia, el objetivo no consiste simplemente en reaccionar frente al delito, sino en modificar los incentivos que lo hacen rentable. Tal como anticipó Becker hace casi seis décadas, una sociedad más segura es aquella donde los costos esperados de delinquir superan claramente a los beneficios potenciales. La tarea del Estado consiste precisamente en construir ese equilibrio. Basándonos en la experiencia internacional y en las herramientas que hoy ofrece la econometría moderna, el Perú dispone de los conocimientos necesarios para avanzar en esa dirección. Lo que falta es la decisión de convertir la evidencia en política pública. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).