Linterna de Popa 553
Jorge F. Baca Campodónico
Agosto 2026
Mensaje de Keiko Fujimori y el inicio del quinquenio 2026‑2031
Coherencias, silencios y tensiones en el nuevo rumbo del Perú
Destaque:
El mensaje inaugural de Keiko Fujimori marcó un inicio sobrio y ordenado, pero dejó interrogantes decisivos sobre la ejecución de sus prioridades, la sostenibilidad fiscal, la reforma del Estado y la capacidad del nuevo gobierno para transformar lineamientos generales en políticas efectivas.
El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia del Perú con un mensaje a la Nación breve, directo y cuidadosamente calibrado. Su tono marcó un contraste con las extensas exposiciones programáticas que suelen acompañar los discursos inaugurales y buscó proyectar serenidad, orden y claridad en un país atravesado por la polarización política, la informalidad persistente, la pobreza y una crisis de inseguridad ciudadana que domina la agenda pública.
Su mensaje, sin embargo, no puede leerse de manera aislada. Su alcance se entiende mejor cuando se analiza en conjunto con el Plan de Gobierno de Fuerza Popular 2021‑2026, que sirvió como base doctrinaria y programática de la campaña y se contrasta con el filtrado borrador preliminar de delegación de facultades legislativas presentado en el primer Consejo de Ministros, orientado a habilitar al Ejecutivo para legislar en materias como seguridad, formalización, empleo, tributación, infraestructura, simplificación administrativa y reforma del Estado; y con el análisis crítico de diferentes analistas económicos que prontamente han salido a advertir sobre la amplitud del pedido, los riesgos de mercantilismo y la falta de precisión en la orientación económica del nuevo gobierno.
A partir de esa contrastación, este entrega analiza las convergencias, tensiones y omisiones que aparecen en el discurso inaugural. El propósito es ofrecer una lectura integral del inicio del quinquenio 2026‑2031, identificando sus prioridades inmediatas, sus silencios más relevantes y los desafíos políticos y técnicos que condicionarán la capacidad del nuevo gobierno para convertir sus lineamientos en políticas efectivas.
I. Un mensaje breve para un país exhausto
El discurso de Keiko Fujimori fue, ante todo, breve. Frente a la tradición de mensajes inaugurales extensos, la presidenta eligió un formato compacto y directo, orientado a evitar la dispersión, concentrarse en los temas urgentes y proyectar una imagen de eficiencia.
La concisión resultó adecuada para un país cansado de crisis sucesivas. En ese contexto, la claridad podía ser más efectiva que una exposición programática extensa. El mensaje evitó convertirse en un acto de campaña prolongado y presentó solo los lineamientos generales del quinquenio, dejando el desarrollo de medidas para documentos posteriores, como el pedido de facultades legislativas.
Pero esa misma brevedad dejó un vacío relevante: no explicó los mecanismos concretos para ejecutar el Plan de Gobierno de Fuerza Popular. El discurso mencionó grandes objetivos, pero no detalló cómo se implementarían, financiarían ni priorizarían.
Ese silencio puede leerse como prudencia política para evitar controversias en el primer día, pero también como señal de una brecha aún abierta entre el programa de gobierno y las restricciones fiscales y políticas del momento, especialmente en un escenario de Congreso fragmentado y oposición activa.
II. Coherencia general con el Plan de Gobierno de Fuerza Popular
A pesar de su brevedad, el mensaje de Keiko Fujimori mantuvo una coherencia general con el Plan de Gobierno de Fuerza Popular. Sus ejes principales —reactivación económica, seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado, formalización, inversión privada y defensa del modelo económico de la Constitución de 1993— estuvieron presentes, aunque expresados en un registro más político que técnico.
El Plan defiende explícitamente la economía social de mercado y contrasta sus resultados con el estatismo y el mercantilismo de décadas anteriores. El discurso retomó esa visión sin reconstruirla en detalle, reafirmando la preservación del modelo económico, pero con un énfasis más solidario e inclusivo que permita recuperar los retrocesos registrados en los últimos 15 años y permita disminuir la pobreza y la informalidad imperante en nuestra economía.
La continuidad también aparece en las prioridades: inseguridad ciudadana, prevención del Fenómeno El Niño, formalización, reactivación productiva, modernización del Estado, simplificación administrativa e inversión privada. Todas forman parte del Plan y fueron recogidas como señales iniciales de orientación para el quinquenio.
En suma, el mensaje inaugural funciona como una versión destilada del Plan: conserva su núcleo doctrinario y sus prioridades, pero omite la arquitectura técnica, los mecanismos de implementación y las reformas estructurales. La coherencia existe, aunque por ahora es más de orientación que de ejecución; el reto será convertir esos lineamientos en políticas concretas, financiables y políticamente viables.
III. La prioridad absoluta: inseguridad ciudadana y Fenómeno El Niño
El punto más explícito del mensaje fue la prioridad otorgada a la inseguridad ciudadana. Keiko Fujimori colocó el tema en el centro de su agenda inicial y anunció el apoyo de las Fuerzas Armadas en zonas críticas, en continuidad con el Plan de Gobierno y con el pedido de facultades legislativas, donde la seguridad aparece como eje de los primeros meses.
El pedido de facultades desarrolla esa prioridad con una visión más amplia que el patrullaje: reorganizar el sistema penitenciario, reforzar la investigación criminal, actualizar el marco penal y procesal, habilitar apoyo militar temporal en penales, promover infraestructura penitenciaria y mejorar la reinserción. La seguridad aparece así como un problema institucional, no solo operativo.
Ese enfoque es pertinente porque la criminalidad exige inteligencia, investigación, control penitenciario, coordinación estatal y justicia eficaz. Pero la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana abre un debate inevitable: para unos es una respuesta excepcional ante una crisis; para otros, un riesgo de militarización de funciones policiales. La oposición ya ha expresado reparos, anticipando un primer frente de confrontación política.
La segunda prioridad fue la prevención del Fenómeno El Niño, previsto para el verano de 2027. La presidenta insistió en actuar con anticipación: obras preventivas, defensas ribereñas, maquinaria disponible y coordinación con gobiernos regionales y locales. El énfasis es comprensible en un país que conoce los costos humanos, económicos y territoriales de llegar tarde a una emergencia climática.
El riesgo es que la urgencia técnica choque con la lentitud política y administrativa. Si la aprobación de las facultades legislativas se demora, el Ejecutivo tendrá menos margen para acelerar procesos, destrabar contrataciones y ejecutar obras antes de que se cierre la ventana de oportunidad. En seguridad y prevención climática, la demora no solo tendrá costo político: puede traducirse en vidas, pérdidas económicas y mayor desconfianza ciudadana frente al Estado.
IV. Tensiones económicas: sostenibilidad fiscal vs. aumentos salariales y pensiones
Uno de los anuncios más comentados fue el aumento del sueldo mínimo y de las pensiones. La medida responde a demandas sociales legítimas en hogares golpeados por la pérdida de poder adquisitivo, el alza del costo de vida y la precariedad laboral. Pero también abre una tensión delicada: mejorar ingresos sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni la competitividad de la economía.
El Plan de Gobierno insiste en consolidación fiscal, eficiencia del gasto, reforma tributaria, formalización laboral y crecimiento sostenido. En ese marco, todo aumento permanente de gasto o de costos laborales debe evaluarse por su financiamiento, oportunidad y reformas complementarias. Sin recursos claros, las pensiones pueden presionar las cuentas públicas; y un sueldo mínimo elevado de forma aislada puede afectar sobre todo a micro y pequeñas empresas con márgenes estrechos.
El impacto del sueldo mínimo no es automático. Puede mejorar ingresos formales si viene acompañado de simplificación laboral, reducción de costos no salariales, incentivos a la contratación y una estrategia realista de formalización. Pero, sin esas condiciones, puede empujar a más empresas y trabajadores hacia la informalidad, especialmente en un país donde esta supera el 65% y gran parte del empleo se concentra en unidades de baja productividad.
La ausencia de detalles refuerza esa preocupación. El mensaje no explicó cómo se financiarán las pensiones ni cómo se evitará que el aumento salarial afecte la competitividad de las mypes. La credibilidad económica del gobierno dependerá de combinar sensibilidad social con disciplina presupuestal.
El pedido de facultades incluye medidas que podrían amortiguar esos efectos, como flexibilizar beneficios laborales, racionalizar feriados, promover la contratación juvenil y permitir acuerdos individuales entre trabajadores y empleadores. Pero solo serán útiles si forman parte de una estrategia coherente que ataque frontalmente la necesidad de contar con un estado eficiente y menos burocrático. El reto no es negar la necesidad de mejorar ingresos, sino hacerlo sin debilitar las cuentas fiscales, el empleo formal ni la capacidad de crecimiento de las empresas.
V. La gran ausencia: una política tributaria clara
Uno de los silencios más relevantes del mensaje inaugural fue la ausencia de una política tributaria clara. Aunque el Plan de Gobierno plantea simplificar el sistema, reducir tributos y promover la formalización, no precisa qué ocurrirá con las exoneraciones, regímenes especiales y tratamientos diferenciados que reducen la recaudación y complican la administración tributaria.
Ese vacío preocupa porque las exoneraciones tributarias representan un costo fiscal significativo, estimado en alrededor de S/ 24 mil millones anuales según el Marco Macroeconómico Multianual, y su eliminación requeriría una ley expresa. Sin embargo, el pedido de facultades no autoriza claramente avanzar en esa dirección y, por el contrario, parece abrir espacio a nuevos incentivos, exoneraciones temporales, créditos fiscales y deducciones especiales.
El riesgo es que la política tributaria reproduzca prácticas mercantilistas: beneficios sectoriales, reglas particulares para ciertos grupos y tratamientos especiales que distorsionan la competencia, en lugar de ordenar el sistema y ampliar la base de contribuyentes.
El discurso no abordó la revisión de exoneraciones, la reforma de regímenes especiales ni una ruta de consolidación fiscal por el lado de los ingresos. En un contexto de mayores presiones de gasto y necesidad de financiar seguridad, prevención e infraestructura, el silencio tributario no es un detalle técnico: es una de las principales preguntas abiertas del inicio del quinquenio.
VI. Petroperú, pensiones y salud: tres silencios estratégicos
Tres omisiones destacan por su peso fiscal, social e institucional: Petroperú, pensiones y salud. Aunque el Plan de Gobierno ofrece lineamientos generales, ni el mensaje presidencial ni el pedido de facultades presentan una ruta concreta para abordarlas. La postergación de estos temas puede limitar la agenda estructural del quinquenio.
Petroperú es el silencio más llamativo. El Plan alude a inversión privada en hidrocarburos y revisión contractual, pero no define qué hacer con una empresa estatal financieramente debilitada y sensible para la percepción de riesgo del país. La decisión entre reestructurar, capitalizar, privatizar parcialmente o mantener el esquema actual sigue abierta.
En pensiones, el Plan propone cuentas individuales universales, mecanismos solidarios y mayor cobertura, pero el discurso no planteó una reforma previsional y las facultades tampoco la incorporan. Cualquier aumento de pensiones será sostenible solo si viene acompañado de una reforma que amplíe aportantes, ordene incentivos y asegure financiamiento permanente.
La salud es el tercer vacío. Pese a que el Plan reconoce brechas de infraestructura, gestión, acceso y calidad, el tema estuvo ausente del mensaje y del pedido de facultades. Tras la pandemia, una reforma sanitaria no puede seguir quedando en segundo plano.
Estos silencios revelan la distancia entre las urgencias iniciales y las reformas de fondo. Seguridad y prevención climática dominan el arranque, pero Petroperú, pensiones y salud exigirán decisiones difíciles. Su tratamiento medirá la capacidad de gestión del gobierno y la consistencia de su proyecto económico y social.
VII. Controversias por nombramientos ministeriales
El anuncio del gabinete abrió un nuevo foco de controversia. Algunas designaciones han sido cuestionadas por la limitada experiencia técnica de ciertos ministros en los sectores que deberán conducir. A ello se suma la presencia de funcionarios y asesores con posturas previas críticas del fujimorismo, de la consolidación fiscal o de la flexibilización laboral, lo que ha generado dudas sobre la capacidad del equipo para ejecutar reformas complejas con coherencia y disciplina institucional.
El caso más sensible es el del Ministerio de Economía y Finanzas. La incorporación de asesores con trayectorias políticas antagónicas de Fuerza Popular ha causado desconcierto entre analistas y sectores empresariales que esperaban un equipo plenamente alineado con la visión económica del Plan de Gobierno, en especial en materia de disciplina fiscal, inversión privada y reforma del Estado.
Estas tensiones pueden afectar la coherencia interna del gabinete. Si los equipos ministeriales combinan orientaciones ideológicas divergentes, perfiles técnicos insuficientes y una burocracia resistente al cambio, la política económica podría perder claridad. La filtración temprana del borrador de facultades delegadas anticipa, además, los riesgos de descoordinación política y administrativa.
Las primeras pruebas serán la elaboración del nuevo Marco Macroeconómico Multianual y del presupuesto de la República. Allí se verá si el equipo económico está realmente comprometido con la consolidación fiscal, la eficiencia del gasto y la construcción de un Estado más profesional, austero y capaz de ejecutar la agenda del gobierno.
VIII. El pedido de facultades legislativas: amplitud, riesgos y demoras
El pedido de facultades legislativas será una de las primeras pruebas políticas del gobierno. Su amplitud —más de doscientas medidas en siete áreas— ha generado preocupación en el Congreso y entre analistas que consideran que varias reformas podrían tramitarse por la vía ordinaria o mediante herramientas administrativas ya existentes. La crítica es válida: toda delegación requiere precisión, límites claros y control democrático. Pero el debate no debe perder de vista el problema de fondo: la urgencia de actuar frente a una crisis estatal acumulada.
La resistencia legislativa será previsiblemente fuerte. Si la aprobación se demora, el Ejecutivo tendrá menos margen para responder a la inseguridad ciudadana, prevenir los efectos del Fenómeno El Niño y destrabar reformas administrativas largamente postergadas. La discusión, por tanto, no debería limitarse a la amplitud del pedido, sino incluir la necesidad de intervenir un Estado marcado por ineficiencias, duplicidades, trámites excesivos y focos de corrupción.
La reforma del Estado ya no puede seguir postergándose. Un aparato público lento, capturado por intereses particulares y organizado alrededor de cuotas y controles formales resulta costoso para el contribuyente y frustrante para el ciudadano. La prioridad debe ser simplificar procesos, eliminar gastos innecesarios, cerrar espacios de corrupción, rediseñar entidades que duplican funciones y fortalecer una carrera pública basada en mérito, resultados e integridad.
La dimensión fiscal es igualmente clave. La consolidación no puede depender solo de más impuestos o recortes aislados, sino de mejorar cómo el Estado gasta, contrata, supervisa y presta servicios. Por eso, el verdadero riesgo no está únicamente en conceder facultades demasiado amplias, sino también en paralizar reformas necesarias para recuperar capacidad de ejecución, credibilidad institucional y confianza ciudadana.
IX. La oposición conservadora: críticas desde dentro del modelo
Un sector conservador, paradójicamente cercano al modelo económico que Fuerza Popular dice defender, ha expresado reparos frente al pedido de facultades legislativas en materia económica. Su argumento central es que el modelo ha funcionado razonablemente bien, que el crecimiento acumulado de las últimas tres décadas lo demuestra y que, por tanto, no sería necesario introducir reformas profundas que podrían abrir la puerta al intervencionismo, al mercantilismo o a nuevas distorsiones. Esta crítica no proviene de la izquierda ni de los sectores que cuestionan abiertamente la Constitución de 1993, sino de quienes consideran que el principal riesgo consiste en alterar un marco que permitió estabilidad macroeconómica, inversión privada y crecimiento sostenido.
Sin embargo, esa lectura resulta incompleta y mal direccionada si se observa la realidad social del país. El modelo generó crecimiento, estabilidad y reducción de la pobreza durante un periodo importante, pero en los últimos 15 años ha habido serios retrocesos y no se ha logrado incorporar plenamente a la mayoría de los peruanos a la economía formal ni cerrar las brechas territoriales, laborales e institucionales que siguen alimentando la frustración ciudadana. La pobreza cercana al 30%, la informalidad que supera el 65% y la persistente percepción de abandono del Estado muestran que el crecimiento, por sí solo, ya no basta para sostener la legitimidad del sistema.
La oposición conservadora tiene razón al advertir sobre los peligros del mercantilismo y de los privilegios sectoriales, pero se equivoca si concluye que la respuesta debe ser hacer poco o mantener intacto el curso de los últimos quince años. Si el país sigue haciendo lo mismo, con los mismos ritmos de reforma, las mismas trabas burocráticas, la misma informalidad tolerada, los mismos niveles de corrupción y la misma incapacidad para llevar servicios públicos de calidad a todo el territorio, la polarización social irá en aumento. Esa polarización no es un fenómeno abstracto: abre espacio a discursos radicales, debilita la confianza en la democracia representativa y puede empujar a sectores frustrados hacia opciones de izquierda radical que prometen soluciones simples a problemas complejos.
El Perú ya conoce los costos de ese camino. La experiencia de la violencia política, del extremismo ideológico y de la destrucción institucional dejó una memoria dolorosa que no debe trivializarse. Por eso, la defensa del modelo económico no puede limitarse a preservar sus reglas formales; debe demostrar que es capaz de producir inclusión, seguridad, empleo formal, presencia efectiva del Estado y oportunidades reales para quienes hoy sienten que el crecimiento les pasó de largo.
En ese sentido, el Plan de Gobierno de Fuerza Popular intenta presentarse como una respuesta preventiva frente a ese deterioro. Su objetivo no es abandonar la economía social de mercado, sino reformarla desde dentro para hacerla políticamente sostenible y socialmente inclusiva. La apuesta consiste en combinar estabilidad macroeconómica con formalización, inversión privada con Estado eficiente, seguridad ciudadana con desarrollo territorial y crecimiento con movilidad social. Si esa agenda logra ejecutarse con coherencia, el país podría llegar al final del quinquenio con una base más sólida de prosperidad y con una expectativa real de futuro. Si fracasa, el riesgo no será solo económico, sino político: un nuevo ciclo de desencanto que podría dejar al Perú nuevamente expuesto a la radicalización y a la violencia que tanto daño le hicieron en el pasado.
X. Conclusión: un inicio ordenado, pero con interrogantes
El mensaje inaugural de Keiko Fujimori fue coherente, sobrio y adecuado para la ocasión. Presentó prioridades claras: seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño. Sin embargo, dejó vacíos importantes en materia económica, tributaria, previsional, sanitaria y energética.
Los documentos adjuntos muestran un gobierno que tiene una visión programática amplia, pero que aún enfrenta tensiones internas, críticas externas y desafíos políticos significativos. La aprobación de las facultades legislativas será una prueba crucial para medir la capacidad del Ejecutivo de avanzar en su agenda.
El quinquenio 2026‑2031 comienza con orden y claridad en los objetivos inmediatos, pero con interrogantes sobre la coherencia técnica, la sostenibilidad fiscal, la capacidad de ejecución y la relación con un Congreso fragmentado.
El Perú ingresa a una nueva etapa. El mensaje inaugural ha marcado el tono. Los próximos meses mostrarán si el gobierno logra convertir sus lineamientos en políticas efectivas, sostenibles y capaces de cerrar las brechas que aún separan a millones de peruanos del bienestar prometido. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).