Linterna de Popa 556

Linterna de Popa 556

Jorge F. Baca Campodónico

Agosto 2026

Las Reformas Impostergables

Un Congreso hostil no debe ser impedimento para llevarlas a cabo

Destaque

El Gobierno tiene el diagnóstico, los instrumentos legales y la urgencia histórica para actuar; lo que falta es decisión política para ejecutar reformas estructurales en paralelo a las medidas de urgencia, incorporarlas al presupuesto 2027 y evitar que las comisiones presidenciales se conviertan en un mecanismo de dilación.

Esta semana, el primer ministro Luis Galarreta Velarde se presentó ante la Cámara de Diputados para exponer la Política General de Gobierno 2026‑2031. Lo hizo con un discurso que, en apariencia, buscaba transmitir orden, urgencia y una voluntad de ejecución inmediata. “Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país”, afirmó, en una frase que sintetiza el diagnóstico central del nuevo gabinete. Y añadió otra línea que, por su contundencia, se ha convertido en el emblema de esta primera etapa: “El Estado sí llega a tiempo para complicarle la vida al ciudadano”. Ambas frases, tomadas del documento oficial, revelan la narrativa que el Gobierno ha decidido adoptar: un Estado que ha fallado, una ciudadanía que exige respuestas y un Ejecutivo que promete actuar con firmeza.

Sin embargo, más allá del tono y de la urgencia, el discurso de Galarreta dejó un vacío evidente: la ausencia de definiciones concretas sobre las reformas estructurales que el país necesita y que la presidenta Keiko Fujimori había insinuado en su mensaje del 28 de julio. El primer ministro se concentró en dos frentes: la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad ante el Fenómeno El Niño y un eventual sismo de gran magnitud.

Ambos temas, sin duda prioritarios, ocupan buena parte del documento. Pero los otros ejes —desarrollo integral de las personas, productividad, informalidad, sostenibilidad fiscal, reforma tributaria, pensiones, salud y reestructuración del Estado— quedaron relegados a un segundo plano, mencionados apenas como ámbitos que serán abordados por comisiones presidenciales en los próximos meses.

La omisión no es casual. Tampoco es menor. En un país que lleva más de una década atrapado en un estancamiento económico, con crónicos déficits fiscales, con un Estado que no logra ejecutar ni prevenir, con un mercado laboral fracturado y con sistemas de salud y pensiones que ya no resisten más parches, la ausencia de un plan explícito de reformas estructurales no solo sorprende: preocupa. Y preocupa porque el tiempo político del Gobierno es corto, porque el presupuesto 2027 debe estructurarse en los próximos meses y porque las comisiones presidenciales, por más buenas intenciones que tengan, corren el riesgo de convertirse en espacios de dilación, debate interminable y resultados inciertos.

Esta entrega busca precisamente lo que el discurso del primer ministro evitó: presentar con claridad, detalle y sentido de urgencia las reformas impostergables que el país necesita implementar de inmediato. Reformas que no pueden esperar a comisiones, ni a consensos que nunca llegan, ni a negociaciones que se dilatan en un Congreso fragmentado. Reformas que deben ejecutarse en paralelo, con decisión política y con instrumentos legales que ya existen, como los Decretos de Urgencia, cuya aprobación ex post por el Senado permitiría avanzar incluso en un escenario de hostilidad en la Cámara de Diputados.

Decretos de Urgencia

La discusión sobre las facultades legislativas ha sido un síntoma de esta tensión. El Gobierno ha evitado incluir en su pedido las reformas estructurales, temeroso de que la Cámara de Diputados —abiertamente confrontacional en sus primeras semanas— las rechace. Pero constitucionalistas y comentaristas han recordado en los últimos días que los Decretos de Urgencia (DU) permiten implementar medidas de alcance nacional sin necesidad de aprobación previa del Congreso. La Constitución es clara: los DU pueden emitirse en materia económica y financiera cuando el interés nacional lo exige. Y hoy, más que nunca, lo exige.

En este contexto, la pregunta central es inevitable: ¿por qué el Gobierno no anuncia las reformas estructurales? ¿Por qué delega su diseño a comisiones presidenciales? ¿Por qué evita definir el contenido de los cambios que, según su propio diagnóstico, son indispensables para ordenar el Estado y recuperar el crecimiento? La respuesta, según diversas fuentes del propio gabinete, es que no existe unanimidad interna. Hay ministros que consideran que las reformas deben anunciarse de inmediato y ejecutarse en paralelo. Otros creen que deben esperar a los informes de las comisiones. Y otros, más cautos, temen el costo político de medidas que inevitablemente generarán resistencia.

Pero el tiempo no espera. Y el país tampoco. Por eso, este artículo presenta las reformas estructurales que deberían implementarse ya, sin dilación, sin comisiones y sin temor. Reformas agrupadas por sector, pero concebidas para ejecutarse en paralelo, porque su impacto depende precisamente de su simultaneidad. Reformas que permitirían ordenar el Estado, reducir la informalidad, elevar la productividad, modernizar la estructura tributaria, reformar los sistemas de salud y pensiones y asegurar la sostenibilidad fiscal. Reformas que, además, deben incorporarse en la estructura del presupuesto 2027, cuya definición comienza en pocas semanas.

Reducción del Gasto Corriente

La primera y más decisiva de estas reformas es la reducción del gasto corriente del Estado. No se trata de recortar servicios esenciales ni de afectar a los funcionarios finalísticos (empleados públicos que prestan un servicio directo al ciudadano como profesores, médicos, enfermeras, policías, etc.) sino de eliminar el exceso de burocracia, fusionar ministerios e instituciones públicas con el fin de reducir el “overhead” administrativo que consume recursos sin generar valor público (reduciendo el número de direcciones de personal, centralizando las adquisiciones de bienes y servicios, unificando los centros de atención al público, simplificando normas y procedimientos, digitalizando los procesos, creando macrorregiones, etc., el Congreso es un ejemplo muy claro de esta situación).

Según los datos del presupuesto 2026, una reducción “across the board” del 20% del gasto corriente generaría un ahorro de 40,000 millones de soles, equivalente al 4% del PBI (ver Gráfico 1). Este ahorro permitiría eliminar el déficit primario y financiar las demás reformas estructurales. Es, en términos fiscales, la piedra angular de todo el programa. Esta reforma debe iniciarse con la reestructuración del Presupuesto para 2027.

Reducción de la Informalidad

La segunda reforma impostergable es la reducción de la informalidad, que pasa por una reforma integral del mercado laboral. El Perú tiene uno de los mercados laborales más rígidos y costosos de la región, con sobrecostos que desincentivan la formalización y sistemas de pensiones y salud que dependen de contribuciones que encarecen la planilla y fomentan la informalidad (ver Gráfico 2).

La solución es clara: eliminar las contribuciones a pensiones y salud y financiar ambos sistemas con impuestos generales a la par de una flexibilización laboral. En el caso de las pensiones, se propone un esquema de dos pilares: una pensión universal equivalente a un salario mínimo, financiada con un nuevo impuesto similar al IGV pero sin exoneraciones ni devoluciones a los exportadores y cuya recaudación seria depositada mensualmente en forma equitativa en las billeteras electrónicas de los empleados formales; y un segundo pilar voluntario administrado por las AFP para los trabajadores de mayores ingresos similar a los esquemas de 401K e IRA de los Estados Unidos.

La eliminación de los sobrecostos laborales y la creación de un sistema de pensión universal juntamente con la flexibilización laboral, reducirían drásticamente la informalidad (ver Gráfico 2) y abriría las puertas a la creación de un sistema de seguro de desempleo que daría estabilidad al mercado laboral.

En salud, se propone unificar EsSalud, MINSA, SIS y otros subsistemas públicos en un único Sistema de Salud Nacional (ver Tabla 1), exceptuando el sistema de las Fuerzas Armadas y Policiales, financiado con impuestos generales y gestionado bajo un modelo integrado de atención primaria y hospitalaria, con historias clínicas electrónicas unificadas, compras centralizadas de medicamentos, citas estandarizadas y una administración común que reduzca duplicidades, cierre brechas de calidad y elimine incentivos asociados a la informalidad, tomando como referencia experiencias como el NHS del Reino Unido y otros sistemas nacionales europeos.

Elevación de la Productividad

La tercera reforma es la elevación de la productividad mediante un programa masivo de reforestación, conservación y desarrollo territorial. Se propone crear un Fondo de Reforestación y Conservación del Territorio que financie la instalación de al menos 1,000 campamentos en las zonas más pobres de la Sierra y la Selva, uno por cada distrito de las zonas más pobres.

Cada campamento, administrado por las Fuerzas Armadas en coordinación con los gobiernos locales y conformado por 200 personas, realizaría trabajos de reforestación, construcción de reservorios, canales de riego, siembra y cosecha de agua, viveros, fertilizantes, servicios de extensión agrícola, además de proveer de educación técnica a sus participantes y mejorar los servicios de salud y educación del distrito. Este programa generaría empleo formal de los pobladores de cada distrito, aumentaría la productividad agropecuaria de los moradores de la zona en forma sostenida y crearía un potencial forestal de enorme valor en un plazo de diez años.

El Perú posee uno de los mayores potenciales forestales de Sudamérica, con 11 millones de hectáreas aptas para plantaciones comerciales, una cifra que supera ampliamente las 3.1 millones de hectáreas que Chile ha logrado consolidar como base de su poderosa industria forestal. Esta diferencia no solo es geográfica: revela que el Perú es un gigante forestal dormido, dueño de una capacidad natural que podría transformarse en riqueza renovable, empleo rural masivo y protección ambiental de largo plazo y que el esquema de bonos de carbono ayudaría a financiar. Este programa permitiría elevar significativamente la productividad del sector informal (ver Gráfico 3), especialmente la productividad de los mas pobres, propiciando su formalización y al mismo tiempo podría convertirse en un polo de atracción de inversión extranjera con un potencial exportador similar a las exportaciones mineras.

Complementariamente, se propone un Fondo de Reconstrucción de Viviendas articulado con los gobiernos locales para reconstruir las actuales viviendas precarias en casas antisísmicas en las grandes ciudades, con muros de contención y servicios urbanos de electricidad, agua y desagüe, generando miles de empleos formales y un efecto multiplicador sobre la economía y evitando potenciales desastres en casos de sismos severos.

Reforma del Sistema Financiero

La cuarta reforma es la modernización del sistema financiero. El Perú tiene un mercado altamente concentrado, con barreras de entrada que limitan la competencia y excluyen a millones de ciudadanos del crédito y del ahorro. Los márgenes de intermediación bancaria (diferencia entre las tasas activas y las pasivas) se encuentran entre las más elevadas de la región.

La solución es promover la inclusión financiera mediante la generalización del uso de la moneda digital del Banco Central, la apertura de billeteras electrónicas para toda la población y la adopción de tecnología blockchain en las operaciones FINTECH. Esto permitiría reducir el margen de intermediación, reducir costos a las empresas especialmente a las MYPES, aumentar la competencia y democratizar el acceso al crédito.

Para ello se requiere una reforma profunda del marco regulatorio del sistema financiero que pasa por una restructuración de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Especialmente en lo que se refiere al uso de nuevas tecnologías.

Reforma Tributaria Integral

La quinta reforma es la reforma tributaria integral. La SUNAT debe adoptar una gobernanza similar a la del Banco Central, con un directorio que represente al sector privado y al público, para aumentar su transparencia y reducir la rotatividad de sus autoridades.

El Impuesto a la Renta debe dividirse en dos: un Impuesto a la Renta Corporativo y un Impuesto a la Renta Personal. El primero debe tener un régimen especial para actividades no renovables —minería e hidrocarburos— con esquemas de profit sharing y fiscalización apropiada, y un régimen general con tasas reducidas para fomentar la inversión y propiciar la formalización. El canon debe reestructurarse para permitir la creación de un Fondo Soberano de Riqueza que proteja los derechos de las futuras generaciones.

El Impuesto a la Renta Personal debe convertirse en un impuesto universal con un esquema de impuesto negativo a la renta, donde todos pagan un mínimo —50, 100 o 200 soles mensuales según tramos de ingreso— y quienes están por debajo del umbral reciben una compensación. Este esquema permitiría recaudar entre 20,000 y 30,000 millones de soles anuales, equivalentes al 2.5% del PBI y permitiría que el nivel de impuesto a la renta personal se acerque a los niveles de los países desarrollados.

Finalmente, los impuestos selectivos deben racionalizarse para fines de salud y ambiente, y el país debe adoptar un “carbon tax” acorde con las tendencias globales. Todo esto debe complementarse con una ley de coparticipación fiscal basada en macrorregiones, seis regiones que agrupen las actuales regiones en forma transversal. En el caso de las macrorregiones se debe fortalecer la recaudación del impuesto predial con catastros actualizados y recaudación centralizada que permita elevar la recaudación de este impuesto a niveles internacionales y que se constituya una fuente importante de los ingresos de los gobiernos locales.

Conclusión

Estas reformas no son ideas abstractas. Son medidas concretas, viables y urgentes. Y deben implementarse ya, no en seis meses, no después de comisiones, no después de debates interminables. El país no puede esperar. El presupuesto 2027 debe estructurarse en los próximos meses y debe incorporar estas reformas para que tengan impacto real.

El discurso del primer ministro Galarreta, al centrarse en la inseguridad y en la vulnerabilidad ante desastres, dejó claro que el Gobierno quiere mostrar acción inmediata. Pero también dejó claro que las reformas estructurales siguen siendo un terreno de indecisión interna. El riesgo es evidente: si el Gobierno no define pronto su agenda de reformas, las comisiones presidenciales se convertirán en espacios de dilación y el país perderá una oportunidad histórica de modernización.

El Perú ha llegado a un punto en el que las reformas ya no son una opción: son una obligación. Y son impostergables. La inseguridad y el Fenómeno El Niño exigen acción inmediata, sí. Pero la informalidad, la baja productividad, la rigidez tributaria, la ineficiencia del Estado y la fragilidad fiscal exigen reformas profundas. Reformas que deben ejecutarse en paralelo. Reformas que deben incorporarse en el presupuesto 2027. Reformas que deben anunciarse ya. El Gobierno tiene los instrumentos legales para hacerlo. Tiene el diagnóstico. Tiene el mandato político. Lo que falta es decisión. Y el tiempo se agota. (El contenido de esta columna se puede consultar en http://www.prediceperu.com/).